La legisladora, junto con su colega Ricardo Monreal, presentó desde marzo pasado una iniciativa que pretende reformar el artículo 7 de la Ley general de responsabilidades administrativas, para impedir que servidores públicos utilicen paraísos fiscales.

El dictamen, a cargo de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, había permanecido sin avance estos meses, pero los Pandora Papers revivieron la intención de legislar en la materia.

La iniciativa propone que los servidores públicos se abstengan de poseer directa o indirectamente bienes o capitales de cualquier tipo en jurisdicciones con regímenes fiscales preferentes considerados como paraísos fiscales.

En caso de incumplimiento, podrían ser acreedores de sanciones que comprenden desde multas económicas y la suspensión temporal del cargo, hasta la destitución e inhabilitaciónde 10 a 20 años para desempeñarse en el servicio público.

Seguiremos insistiendo para que esta iniciativa sea aprobada muy pronto, a fin de promover una cultura basada en la transparencia y en la rendición de cuentas, dijo Salgado.

Los documentos filtrados en los Pandora Papers, mostraron que los políticos y funcionarios que aparecen en la lista provienen de diversos partidos políticos como el PRI, el PAN, Morena y el Verde.

En todos los casos revisados, ninguno de los servidores públicos informó en su declaración patrimonial pública sobre los activos que poseía a través de sociedades offshore.

Se debe obligar a los funcionarios a declarar la existencia de recursos que posean en paraísos fiscales en su declaración patrimonial, que sea explícito, eso sí lo podríamos poner en la ley, dijo por su parte la senadora panista Xóchitl Gálvez,quien también es secretaria de la Comisión Anticorrupción.