Cabe hacer mención que el 10 de septiembre, la Dirección del Registro Público de la Propiedad del Estado, recibió un oficio de solicitud para levantar el aseguramiento de diversos bienes que fueron señalados a diversos exfuncionarios de la administración 2010-2016.

Cabe mencionar que antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la acción de inconstitucionalidad 100/2019 decretó la invalidez de varios artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, entre ellos la fracción IV del artículo 7, en la que se sustentaría la acción de extinción de dominio de los presentes casos, la cual establece que procederá cuando existan bienes de origen licito cuyo valor sea equivalente a cualquiera de los bienes derivados de la comisión del delito.

El máximo tribunal en el país, durante el desarrollo del juicio civil, estableció que los bienes asegurados fueron adquiridos por sus propietarios previos al desempeño del cargo del cual presuntamente hicieron uso para cometer el delito. En consecuencia, no se podría tomar en cuenta el delito de peculado, previsto en dichos expedientes.

Con la resolución de la SCJN, se demuestra el mal manejo que se ha realizado dentro de los expedientes antes mencionados en torno a lo cual la Fiscalía del estado precisó que, al desistirse del aseguramiento, quedan a salvo los derechos, para actuar contra los bienes de los exfuncionarios, precisando que la investigación en la vía penal sigue trabajando para que se cumpla con el debido proceso.