DILEMA. - ¿sacerdote o abogado?, ¡eh ahí el dilema! Hoy será llevado al tribunal estatal electoral la impugnación que se hizo al candidato Jorge Vences quien ganó la elección para juez familiar en este distrito judicial Hidalgo, su triunfo no es el que esta en duda, sino su elegibilidad.

CONFIRMACION. - Sin duda a estas alturas la conclusión en relación a la elección judicial es contundente; deja más dudas que certezas… y heridas que no cierran.

SITUACION. - Tan no ha cerrado sus heridas que las dudas siguen sin aclararse y mucho menos ha disipado los rencores que dejó en su paso. En un proceso que parece más sacado de un guion de tragicomedia que de una legislación madura. La incertidumbre y el desconcierto siguen marcando el pulso institucional del Poder Judicial.

SITUACION. - Lo que está ocurriendo va más allá de una simple renovación de cargos: es una redefinición del mérito, donde el prestigio profesional, la experiencia probada y la capacidad técnica han sido arrinconados por criterios tan superficiales como la popularidad en redes sociales o las calificaciones obtenidas en un aula años atrás.

REALIDAD. - Resulta incomprensible —y patético— que jueces y magistrados con décadas de trayectoria, algunos con expedientes impecables y resultados verificables, estén en vías de ser sustituidos por personas que jamás han dictado una sola sentencia, pero que supieron usar bien un algoritmo o tuvieron mejores “likes” o simplemente fueron promovidos por los partidos políticos quienes como ya es sabido les interesa más ganar la competencia que saber a quién imponen, es decir en ninguna parte de ese proceso, estuvieron los ciudadanos, ¡de haberlo hecho, no se hubieran atrevido a respaldar varias de las propuestas que llevaron al triunfo!

AGREGADO. - Más grave aún: en ciertos casos, el criterio para buscar descalificar a un servidor judicial por la vía de la impugnación es no haber obtenido una calificación superior a 8 o 9 en alguna materia de especialidad en sus tiempos de estudiantes. Es decir, han convertido a los maestros de ayer, de manera involuntaria, en los grandes electores o impugnadores de hoy.

SITUACION. - Esto abre la puerta a un absurdo legal: candidatos sin trayectoria pueden impugnar a quienes sí ganaron, basados en ese “pecadillo académico”, y en caso de lograrlo, ocupar su lugar, aunque los inconformes nunca antes hubieran pisado un juzgado, menos haber presentado un caso, pero eso sí, su reciente paso por las aulas les respalda con una buena calificación ¡teórica! ¿Qué mensaje se envía entonces a quienes han hecho carrera judicial con rigor y constancia? ¡Que la trayectoria forjada en el esfuerzo del día a día ya no vale si no va acompañada de una calificación escolar envidiable y buena estrategia digital! ¿Qué el haber sobrevivido al ejercicio publico y a la ¡judicatura!, no es también una calificación?

IRREALIDAD. - No para ahí el tema. Otro ángulo de esta elección que roza el surrealismo es el de los candidatos sancionados por no presentar informes de gastos de campaña. Es decir, perdieron la elección… y ahora también deben pagar multas, porque además de no ser los candidatos más populares, resultaron ser peores administradores. La justicia, así, empieza mal incluso antes de ser impartida.

CASO. - Hoy el caso que amenaza con colocar al proceso bajo una lupa aún más severa es el del licenciado Jorge Vences, quien además de abogado, figura en registros oficiales como ministro de culto en activo.

TRIUNFO. - Aunque ganó, su victoria ha sido impugnada por el abogado Hugo Felipe Saldívar, bajo el argumento de inelegibilidad. No se trata de un tecnicismo menor: si el registro de Gobernación es correcto, Vences violó uno de los requisitos clave para aspirar al cargo, pues la ley impide que ministros de culto participen en cargos de elección o designación pública sin desvincularse formalmente y junto con él, el proceso de elección judicial tiene otra asignatura reprobada, que se suma a las descalificaciones que ya arrastra desde su concepción.

SISTEMA. - Este caso tiene implicaciones más allá del individuo. Pone en tela de juicio el control que llevan las instituciones religiosas sobre su propio censo de ministros, y más aún, la seriedad con la que las dependencias del Estado —como Gobernación federal— actualizan y validan esa información.

CONDICION. - ¿Es creíble que un abogado postulante no haya corregido su estatus jurídico-religioso si sabía que eso lo inhabilitaba? ¿O es otra muestra del desorden y la falta de escrutinio del sistema?

SEGUIMIENTO. - En todo caso, la historia no ha terminado. Las impugnaciones, las sanciones, las sorpresas y las contradicciones seguirán surgiendo. Lo preocupante es que, mientras tanto, la credibilidad del sistema judicial sigue erosionándose, no por quienes lo critican, sino por quienes lo operan con fórmulas cada vez más alejadas del sentido común, la legalidad y el verdadero mérito.

CONCLUYENTE. - Al final, el ciudadano común se queda viendo cómo se elige a quienes deben impartirle justicia… en un proceso que parece no conocerla.