ALARMA. En Santa Bárbara, el gambusinaje minero dejó de ser una actividad de riesgo asumida por quienes se internan en los antiguos fundos para convertirse en un problema social que ya no puede despacharse con la acostumbrada receta de mirar hacia otro lado. El saldo del último acontecimiento ocurrido durante el fin de semana es doloroso: una persona perdió la vida y otras dos resultaron lesionadas.

RESPONSABILIDAD. El alcalde Bebo Antuna, como primera autoridad municipal, tiene ante sí un asunto que exige atención pública y acciones concretas. No significa que toda la responsabilidad recaiga exclusivamente en el Ayuntamiento, pues la regulación minera y la persecución de posibles delitos involucran competencias estatales y federales. Para gobernar no basta con atender lo que ocurre dentro de las oficinas municipales; también hay que ocuparse de lo que sucede en los rincones donde la autoridad parece llega cuando se han producido una tragedia.

NEGOCIO. El gambusinaje no debe entenderse solamente como la aventura individual de quienes ingresan a un fundo minero abandonado con la esperanza de encontrar mineral y obtener unos pesos. Alrededor de esta actividad puede desarrollarse una cadena económica que incluye extracción, traslado, compra y comercialización del material. El asunto deja de ser exclusivamente una decisión personal y adquiere dimensiones de un problema de vigilancia, regulación y responsabilidad pública.

IRONÍA. Santa Bárbara tiene una larga historia minera, una identidad construida alrededor de los metales y una relación con la tierra que ha marcado generaciones. Sin embargo, resulta paradójico que, en un municipio donde la minería forma parte de su propia historia, existan espacios en los que la extracción clandestina pueda convertirse en una actividad de alto riesgo sin que el problema encuentre una respuesta preventiva eficaz.

SILENCIO. La pregunta no es solamente quién entra a los fundos, sino quién vigila, quién inspecciona, quién investiga las posibles redes de comercialización y qué medidas se están tomando para impedir que la actividad clandestina continúe en condiciones peligrosas. Si las autoridades conocen la existencia del problema, deben exigir la coordinación con otras instancias que ayuden a que este problema no se convierta en un problema social.

PREVENCIÓN. El desafío para Bebo Antuna consiste en iniciar una ruta institucional verificable: solicitar un diagnóstico de los fundos donde se registra esta práctica, coordinarse con las autoridades mineras y de seguridad, promover inspecciones dentro de las atribuciones legales de cada instancia e investigar la cadena de extracción y comercialización. La pobreza y la falta de oportunidades pueden explicar parte del fenómeno, pero no deben convertirse en excusa para permitir que continúe sin intervención.

ADVERTENCIA. Cada accidente fatal obliga a revisar que paso más allá del servicio forense. No sería responsable atribuir negligencia a una autoridad sin conocer los antecedentes y las actuaciones documentadas. Pero tampoco sería razonable esperar a que se acumulen más víctimas para comenzar a formular preguntas.

EXIGENCIA. Hace un mes cuatro personas más fallecieron en un accidente minero, el alcalde tiene la obligación de ir mas allá de dar las condolencias, debe exigir que se investigue el asunto y que se muestre quien controlaba dicho “hoyo” minero. La actividad minera ilegal ya es una actividad industrial paralela a la legalmente opera, pero sin regulación ni seguridad social para nadie, hasta ahora hay solo un conveniente silencio. No se le ja movido al asunto, ni siquiera para determinar quién indemnizaría a las familias de los deudos.

DESAPARECIDOS.- Por cierto donde quedo la policía minera que tanto ruido se hizo en el gobierno estatal cuando se instituyó, esa corporación no solamente está para cuidar los intereses de los empresarios, también para combatir la ilegalidad e investigar que hay detrás de tan pujante actividad que trabaja al amparo de la ilegalidad.

PREGUNTA. ¿Cuántas vidas más tendrán que perderse en los fundos mineros de Santa Bárbara para que el gambusinaje clandestino deje de tratarse como un riesgo inevitable y se atienda como un problema de interés público? Una persona murió y dos más resultaron lesionadas durante el último episodio conocido. Y en Santa Bárbara, antes de que el próximo accidente vuelva a ocupar los titulares, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién va a intervenir antes de que haya otra víctima?