Sota, Caballo y Rey

La crítica posición de los OPLEs en 2027

La atención política se concentra en la renovación de la Cámara de Diputados, por los reacomodos de perfiles de los partidos en San Lázaro. Aunque, en las entidades federativas, estará el reflejo de la estabilidad democrática de México, porque, a la par de la elección intermedia, en el terreno local estará la disputa de 17 gubernaturas, entre ellas —estados clave, como Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Veracruz— que sumadas a las 17, otras entidades que tendrán elecciones parciales de congreso y/o ayuntamiento, queda claro que la estructura electoral se enfrentará a una tarea sin precedentes.

El obstáculo mayor será para los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), debido a que los árbitros estatales deberán regular contiendas bajo la peor situación imaginable. Su crónica crisis financiera, aderezada con un marco jurídico que legalizó la simulación. En realidad, es el INE el primer maniatado y en casi en esta misma situación, debido a la decisión del TEPJF que rompió el principio de equidad, al validar las campañas anticipadas, como trabajos de reorganización interna de los partidos.

El vacío legal es una pinza que asfixia al INE y a los Oples, amén de los extremos recortes presupuestales a los Oples en un año de elecciones que exigirá aplicarse a fondo.

De acuerdo con datos del propio Consejo General del INE, los recortes drásticos aplicados por los Congresos locales se convierte en el más serio problema. De los 17 mil millones de pesos planteados, en su conjunto, por los 32 organismos locales, para el arranque del proceso, los legisladores de los estados recortaron 4 mil millones de pesos.

Casos extremos como en Hidalgo (recorte de 60.7%), Colima (52.9%), Tabasco y Morelos (42%), son ejemplo de cómo los gobiernos locales lastiman las finanzas de sus árbitros. Y a esto hay que agregar que existen entidades con sucesión gubernamental de alto voltaje, como Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí, donde se opera bajo alerta presupuestal impuesta por el INE.

La contradicción es terrible porque a los OPLEs se les exige absorber complejos esquemas, como la paridad de género, la inclusión obligatoria de cuotas indígenas y afro mexicanas (como en Guerrero), con una logística que implica contratar y capacitar personal eventual en lugares donde escasea personal competitivo. 

Incluyamos el reto inédito de algunos Oples que están obligados a coadyuvar en la organización de elecciones judiciales locales. En resumen, se les exigen milagros democráticos a precio de ventas en liquidación.

Ventanillas de papel. El segundo frente de crisis es normativo. La consecuencia de los criterios asumidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es el proselitismo abierto, rebautizado como "trabajo de organización interna partidista". 

Al validar que las “campañas de facto” no violan la ley, si se omite el llamado al voto, el TEPJF desarmó a los árbitros. En las elecciones locales habrá o hay un colapso operativo, porque las oficinas de los OPLEs recibirán miles de denuncias de la oposición y los partidos de reciente registro, exigiendo retirar espectaculares, bardas y otro tipo de infracciones que califican como actos anticipados en las leyes de los estados.

Lo que ocurrirá es predecible, los Oples, obligados, por la jurisprudencia del TEPJF, van a rechazar la mayoría de las quejas. La oficialía electoral usará sus mermados recursos en acudir a certificar mítines y propaganda que terminarán en archivo muerto de los tribunales estatales. 

El costo político no lo pagará el TEPJF, lo pagarán los Oples y sus Asambleas en municipios y distritos, cuya credibilidad quedará a merced de una segura percepción pública de ser "árbitro omiso".

El discurso oficial sugiere reiteradamente la conveniencia de desaparecer los OPLEs con el argumento de la "duplicidad de funciones". La realidad demuestra lo contrario, porque al centralizar la organización, de decenas de miles de cargos municipales, distritales y comunitarios, en una sola estructura nacional, provocaría una sobrecarga institucional catastrófica.

Asfixiar presupuestalmente a los OPLEs y dejarlos jurídicamente desprotegidos ante la simulación de los partidos políticos, es dinamitar los cimientos locales de la gobernabilidad democrática. Si el proceso electoral de 2027 se sale de control en algunas regiones, la culpa será de quién le quitó el silbato y de quién los envió a la cancha con los bolsillos vacíos.