Gerardo Cortinas Murra

La degradación social que padece la sociedad chihuahuense se ha extendido, desde hace ya algunos años, no solo a los integrantes de las diversas asociaciones de profesionistas (abogados y médicos, entre otros); sino además, a la inmensa mayoría de profesionistas no agremiados (litigantes y seudomédicos sin título).

Al extremo, de que en el ejercicio profesional ninguna autoridad administrativa o judicial exige, cuando menos, que la conducta de los profesionistas se ajuste a las normas del Código de Ética aplicable a cada profesión.

Por su parte, las autoridades educativas han sido omisas en aplicar sanciones administrativas, o en su caso, ordenar la suspensión del ejercicio profesional, en aquellos caos en que los profesionistas desleales incumplan su obligación de “obrar con absoluta lealtad y honradez en todas sus relaciones con los clientes y guardar el secreto profesional…”

Un ejemplo de la degradación del ejercicio profesional en nuestro Estado (y quizá el más representativo) es el del abogado parralense Ramón Luevano Flores, cuyo modus vivendi es la de obtener lucros indebidos a costa de las personas que tienen la desgracia de caer en sus garras, mediante el engaño, falsificación de firmas y la intimidación.

En un caso en la que participó este despreciable abogado, en contubernio con la asesora inmobiliaria María de Fátima Quintero Castro, ambos maquinaron la elaboración de un falso contrato de arrendamiento con el insano propósito de desalojar a una persona que ocupaba -de manera pacífica y de buena fe- un inmueble en litigio.

No conforme con elaborar este documento falso; sin escrúpulo alguno lo presentaron ante un juzgado civil para promover un juicio de desahucio. Pero además, este par de delincuentes señalaron un domicilio falso para efecto de llevar a cabo el emplazamiento a juicio

Lo anterior, con el propósito de emplazar a juicio a la parte demandada en un domicilio ajeno por completo al domicilio real; y con ello, que la supuesta inquilina jamás tuviera conocimiento del juicio de desahucio entablado en su contra.

Esta artimaña judicial, fue convalidada -tácitamente- por la Jueza Civil, al autorizar que el emplazamiento se realizara en “otro domicilio”, señalado por Luevano Flores; y de esta manera, lograr que el Juez declarara la rebeldía. Sin importarles violentar la garantía de audiencia, en perjuicio de la supuesta inquilina.

Obviamente, tal proceder dejó en total estado de indefensión a la demandada que no tuvo jamás conocimiento de la demanda entablada en su contra; lo cual, trajo consigo que la Juez Civil dictara sentencia condenatoria en contra de la demandada y, por ende, ordenara el correspondiente desalojo de la finca objeto del juicio civil.

Yo me pregunto: ¿Cuántos juicios civiles, mercantiles y familiares no habrá en los juzgados civiles y familiares en los que la parte demandada ignora la existencia de un juicio en su contra?

Posteriormente, no conforme con lograr su propósito de que la sentencia dictada en el juicio de desahucio causara ejecutoria, sin conocimiento alguno de la parte demandada; durante la diligencia de desalojo, este infame abogado se apoderó, sin derecho alguno, de dos vehículos propiedad de un tercero extraño a juicio y, que obviamente, jamás fueron entregados a su legítimo dueño.

Con motivo de estos hechos delictivos, Luevano Flores fue condenado por el delito de robo agravado. De ahí su apodo de ‘El Abogada Rata’ de Parral.

Por otra parte, durante los últimos años me he dedicado a indagar todas las fechorías de esta lacra humana. Y he documentado decenas de casos en los que Luevano Flores ha obtenido un lucro indebido e ilícito, mediante su modus vivendi: falsificación de documentos, engaños e intimidación a sus clientes.

Todo lo anterior, acredita no solamente la comisión reiterada de actos delictivos de este infame litigante; pero además, afecta, de manera indirecta, la credibilidad de aquellos abogados litigantes que ejercen su profesión de manera más o menos honesta.

Por desgracia, el burocratismo judicial fomenta la actividad delictiva de los abogados desleales, ya que los jueces alegan una excesiva carga de trabajo; la cual, los imposibilita para constatar la veracidad de los datos que le proporcionan los abogados litigantes.

Yo me pregunto: ¿Hasta cuándo los juzgadores, locales o federales, toleraran los actos delictivos de Luevano Flores (a) ‘El Abogada Rata’ de Parral?