Jesús Francisco Luján Vázquez

En todos los países supuestamente “democráticos”, todos los intentos del pueblo trabajador por participar en la actividad política, en la toma de decisiones y acciones que lo afectan, es visto por quien tiene o controla el poder como una agresión, como un intento de socavar las bases del Estado y del gobierno y que por lo mismo debe ser sofocado y sancionar en términos severos a quien se atreve a semejante despropósito.

Reflejo de esta situación es la legislación actual, que reduce la participación del pueblo en la cosa pública al ridículo derecho de votar y ser votado, al derecho de petición, hecho claro está, de manera respetuosa a la autoridad correspondiente, quien a su vez solo tiene la obligación de “contestar” en determinado plazo pero nunca  en resolver afirmativamente en su caso o bien argumentar o fundamentar  la negativa, es claro que, no permitir a la gente participar en la toma de decisiones de cómo resolver los problemas y de actuar activamente para su solución, así sea exigiéndole la solución al estado y al gobierno, que es quien tiene los recursos económicos para ello, esto y no otra cosa, es la conculcación del derecho natural del pueblo.

El gobierno, de esta forma tiene monopolizado de manera absoluta el poder efectivo y mantiene a la gente, al pueblo, en una dependencia y sometimiento (léase Bienestar) reales, que dificulte e impida todo intento de rebelión e independencia.

De este monopolio real del poder se derivan todos los vicios del aparato de burocrático, y así mismo los desencuentros naturales y necesarios entre el pueblo y el gobierno al no resolver las necesidades planteadas y exigidas por sus gobernados. Pero también habría que señalar que dicho monopolio origina la soberbia de los funcionarios, su prepotencia, su desprecio, su desdén hacia las demandas legitimas de los desposeídos, naciendo con ello también el concepto patrimonial del poder, causa y origen directo de la corrupción y de la prevaricación de los funcionarios públicos.

El constituyente de 1917 tomo en cuenta la experiencia de las anteriores revoluciones Democrático Burguesas y estableció los derechos humanos fundamentales tales como: a la vida, a la libertad, al trabajo, a la educación, a la salud, para que todos  los Mexicanos tuviésemos una vida digna, aunque sabemos claramente que de los 130 millones de mexicanos que somos, la mitad tiene conculcados estos derechos fundamentales ya sea por el propio gobierno, por los dueños del capital o por las organizaciones criminales que campean a lo largo y ancho de nuestra patria

Ahora bien, cabe destacar que en nuestra carta magna no se estableció en 1917 el derecho del pueblo mexicano a la alimentación; y no fue hasta la década del 2000 que el senador Heladio Ramírez  López del PRI propuso una iniciativa para elevar este derecho a rango constitucional, sin embargo, dicha iniciativa durmió el sueño de los justos por más de una década ya que Acción Nacional (PAN) se oponía a ello, sin embargo el Consejo Nacional de Evaluación de la política Social (Coneval) el 19 de marzo de 2010 afirmaba que “el aumento de la obesidad y el sobre peso está en relación directa a los ingresos que perciben los mexicanos”  y argumentaba “que en la medida que se reduce el ingreso o el poder de compra de los mexicanos, aumenta el consumo de alimentos con alto contenido de azucares y grasas” es decir de comida chatarra.

Estas declaraciones del Coneval no tuvieron eco inmediatamente, pero en una de esas cosas raras de la historia y de la vida, el congreso de la unión en una acción de Fast Track y tomando solo una parte de lo dicho por el Coneval, legislo sobre la comida chatarra, prohibiendo no la producción sino la venta en las escuelas; además dictamino, la educación física obligatoria de todos y cada uno de los educandos, poniéndola como mínimo media hora diaria; decreto por demás raro e inconsecuente, ya que existía una iniciativa sobre el derecho a la alimentación” que dormía el sueño de los justos” y que de ser aprobada e instrumentada, vendría a resolver de una vez para siempre la causa fundamental de la obesidad y el sobre peso a saber: La pobreza.

En octubre de 2011 el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa volvería a hacer “historia” al reconocer constitucionalmente que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizara”, nuevamente dicho decreto nació muerto, en él, no se establecieron los mecanismos para su aplicación, ni se instituyeron las reglas de operación para su ejecución y menos se concreto el presupuesto para ello

Nuevamente en el 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto en la reforma educativa establecía “que en las escuelas estarán prohibidos los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos” y nuevamente su implementación quedo en el aire, jamás se volvió a hablar de esta disposición constitucional y menos al derecho a la alimentación del pueblo de México que ya estaba consagrado en la carta magna,

Todo mundo sabe, que el gobierno de López Obrador derogo la reforma educativa de Peña Nieto y critico y desecho todo lo que oliera a su acérrimo enemigo Felipe Calderón Hinojosa, por lo que, jamás se volvió a hablar, ni nadie se acordó del derecho a la alimentación de los mexicanos ya promulgado por el gobierno Calderonista, ni de la prohibición de la comida chatarra decretada por Calderón y ratificada por Peña Nieto, hasta que el gobierno de la 4T el 17 de abril del 2024 público(sic) en el diario oficial de la federación una nueva ley “ del derecho a la alimentación” que tampoco se instrumentó y no es hasta el 30 de septiembre del mismo año que la Secretaria de Educación Publica cuyo titular Mario Delgado decreto la prohibición de la venta, preparación y distribución de comida chatarra en las escuelas de México y se dio un plazo para que dicho mandato  entrara  en vigor: el 29 de marzo de 2025.

En él se establecen algunas disposiciones para la ejecución de dicho decreto, e incluso se enumeran algunas sanciones económicas (hasta 130 mil pesos) para quién no lo aplique, en general se establece que se debe priorizar el plato del buen comer en todas y cada una de las instituciones educativas.

Otra vez tenemos, el refrito de decreto que no nuevo, como ya ha quedado asentado líneas arriba, no contempla el como y el con que se ejecutara.

Si son 225 000 escuelas , la mayoría pobres y muchas de ellas en zonas alejadas o en lugares de difícil acceso, que carecen de recursos (la papelería, internet, el teléfono, las copias, los utensilios y substancias de limpieza etc,), y  todos esos gastos se solventan con las ganancias de las tiendas escolares y las cuotas “voluntarias” y actividades (rifas, bailes, boteos, kermes, etc.) de los padres de familia y que por cierto, todas las compras o gastos que hacen las mesas directivas de las sociedades de padres de familia deben de tener facturas fiscales, pero con el RFC del gobierno, es decir, que las cooperaciones de los padres de familia entran como si fueran recursos aportados  por el gobierno y las facturas son utilizadas como si fuera el gobierno quien erogara dichos recursos, ¿ quién cobra esas facturas? ¿Quién se queda con ese dinero? Eso no ha sido derogado por ningún gobierno.

Ahora bien, en el decreto de la actual administración federal, se exige que solo se permita la venta de frutas, cereales integrales, semillas, leguminosas secas, agua simple potable, es decir el famoso plato del buen comer, pero no se dice ni se establece con que recursos económicos las escuelas adquirirán dichos alimentos, en que los trasportaran, como los almacenaran, si cuentan todas ellas con instalaciones e instrumentos especiales para la elaboración de los alimentos,  es decir, con que dinero e infraestructura se ejecutara el decreto de la Secretaria de Educación Pública, publicado por el Secretario, el multi conocido huachicolero Mario Delgado, cuyos hijos estudian en el Colegio Alemán de origen extranjero bicultural y con enseñanza trilingüe.

Antes de la llegada al poder Morena, y de tener como presidente de la república a Manuel Andrés López Obrador, existía el programa de escuelas de tiempo completo, aplicado solo en algunas ciudades y estados del país, es decir, no era extensivo en todas las escuelas, cuyo objetivo era apoyar a las madres de familia trabajadoras para que al terminar su horario laboral pasara a recoger a sus hijos a la escuela; en ellas se recibía a los alumnos con desayunos  y a media jornada se les proporcionaba la comida, de esta forma, se garantizaba la alimentación saludable y se apoyaba a los padres y madres de familia por partida doble, con una especie de beca alimenticia a los niños y facilitando la actividad laboral de los padres; sin embargo, el gobierno Obradorista desapareció estas escuelas, cuando debiesen de haberse instrumentado en toda la republica hasta cubrir las 225 000. Con el  nuevo decreto, debería volverse a instrumentar a nivel nacional y que en los presupuestos de egresos de la federación se establezca una partida especial y suficiente para hacer realidad el derecho a la alimentación de la niñez y garantizar se aplique el decreto de no permitir la comida chatarra en las instituciones educativas, cuando menos a nivel básico para evitar la obesidad y el sobre peso.

Finalmente, seria bueno que la lucha magisterial también incluyera como demanda, la exigencia de recursos económicos necesarios y suficientes no solo para ejecutar el decreto de no vender los alimentos chatarra en las escuelas, sino que los recursos etiquetados alcanzaran para satisfacer las necesidades básicas de todas las actividades de las escuelas (limpieza, teléfono, internet, papelería, agua potable, mantenimiento, etc) , con ello los maestros lograrían incorporar activamente a los padres de familia a su lucha.

El derecho a la alimentación del pueblo de México es una asignatura pendiente, por la que todo el pueblo organizado y educado debe de luchar y exigir que se cumpla, puesto que ya esta establecido en nuestra carta magna.