Héctor Chávez

Cada vez que hablamos del Fobaproa, la gente se pregunta con razón: ¿pero ese dinero, a quién se le paga? ¿Y de verdad no hay forma de hacer que alguien responda por todo esto?

Y es que no basta con saber que debemos más de un billón de pesos o que ya se han pagado más de dos. Lo que enoja —y con razón— es que nadie haya sido castigado, ni llamado a rendir cuentas, por una decisión que hasta hoy sigue costándonos a todos.

El dinero del Fobaproa, el que año tras año se va del presupuesto federal, no se borra ni se recicla: se paga. Y se paga a instituciones financieras que aún hoy siguen cobrando lo que nosotros seguimos debiendo. Muchos de esos pagos van a bancos privados y fondos de inversión que compraron los bonos del rescate bancario en su momento o que los adquirieron después.

En pocas palabras: el dinero de los impuestos de millones de mexicanos se usa para pagarle a grandes inversionistas que se beneficiaron de una deuda que no fue suya, pero que ahora tienen garantizada por el Estado.

Y lo más absurdo es que esa deuda ni siquiera fue del pueblo, fue de banqueros, de empresas quebradas, de amigos del poder que fueron rescatados en lo oscurito. Un rescate privado con dinero público. Un gran negocio para unos pocos, una pesada losa para todos los demás.

Ahora bien, frente a esa injusticia histórica, surge una segunda pregunta legítima: ¿no hay forma de hacer justicia? ¿No se puede demandar, investigar, castigar a quienes decidieron eso?

Y la respuesta es clara: sí se puede, si hay voluntad. La mayoría de los delitos económicos sí prescriben, pero hay otros caminos legales que todavía están vigentes. No todo está cerrado.

Por ejemplo:

•Se puede exigir una auditoría forense para saber exactamente quiénes fueron los beneficiarios del rescate, cuánto ganaron y si hubo simulaciones o fraudes.

•Se pueden promover juicios civiles por daño patrimonial al Estado mexicano.

•Se pueden revisar contratos y operaciones financieras que sigan teniendo efectos hoy, lo cual puede abrir la puerta a responsabilidades penales no prescritas.

Además, hay figuras como el enriquecimiento ilícito o el uso indebido de funciones, que se pueden perseguir si se demuestra que generaron consecuencias económicas que persisten en el tiempo. En eso están de acuerdo juristas y especialistas. El problema es que nunca se ha querido llegar hasta el fondo.

Y no se trata de meter en líos al gobierno actual. Al contrario. El gobierno de la transformación tiene en sus manos la oportunidad histórica de hacer lo que nadie antes se atrevió a hacer: revisar a fondo el caso, documentarlo y actuar con base en la ley.

Porque nadie espera persecuciones políticas, pero sí esperamos justicia. Y cuando la justicia se ejerce con fundamentos y verdad, no daña, fortalece.

Los responsables del Fobaproa aún caminan libres. Algunos con cargos en organismos internacionales. Otros con pensiones de lujo. Todos sin dar una sola explicación. Mientras tanto, el pueblo mexicano sigue pagando puntualmente el recibo del abuso.

No hay que quedarnos cruzados de brazos. Si queremos cerrar este capítulo con dignidad, tenemos que abrirlo con valor. No por revancha, sino por responsabilidad.

Hoy tenemos instituciones, tenemos más conciencia y tenemos un gobierno que dice estar del lado del pueblo. Es el momento de usar esa fuerza no solo para gobernar, sino también para corregir el pasado.

Que se sepa, que se investigue, que se actúe. Porque cuando el dinero se va, se pierde. Pero cuando la justicia llega, el pueblo recupera algo más valioso: su dignidad.