Edgar Piñon Dominguez

Es importante describir  que las democracias más avanzadas en el mundo utilizan los referéndum, plebiscitos  o consultas populares para tomar decisiones fundamentales en la construcción de su democracia. 

Tenemos ejemplos como el de Italia que en 1946 mediante una consulta dejaron atrás la monarquía y se convirtieron en una República, cambiando para siempre la historia política de su país. 

Los Escoceses rechazaron independizarse de Reino Unido en el referéndum que se realizó en el 2014, e Inglaterra decidió abandonar la Union Europea con el famoso Brexit a través de un Referéndum popular. 

Los chilenos decidieron cambiar su constitución a través de una consulta popular y una pregunta directa y sencilla:” ¿Quiere usted una Nueva Constitución?” A lo cual el 78% de los Chilenos dijeron sí. 

Sudáfrica puso fin al apartheid en gran medida gracias a un plebiscito donde se consulto al pueblo de esa nación. 

En América Latina este mecanismo democrático tiene un larga trayectoria siendo únicamente República Dominicana, Nicaragua, Honduras, El Salvador y México los países que nunca han realizado una. 

En ese sentido el pasado domingo se realizo en México por primera vez una  consulta popular bajo la siguiente pregunta: 

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Una pregunta compleja y un tanto ambigua, manejada y promovida como un mecanismo para juzgar a los últimos cinco expresidentes del país, pero que en la practica expresaba algo distinto. 

Y es aquí donde vale la pena hacer una diferencia puntual, la consulta popular es un excelente mecanismo  para que los ciudadanos de manera directa opinen sobre temas trascendentales en la construcción del país. 

Sin embargo un mal manejo del procedimiento con una pregunta confusa y un énfasis político muy poco claro generan un pésimo resultado. 

Para que la acción consultada tuviera efecto y fuera vinculante, es decir de carácter obligatorio se requería la participación mínima del 40%, es decir mas de 37 millones de Mexicanos, sin embargo la participación quedo en un 7% del listado nominal. 

Para millones de  Mexicanos, él investigar  a los expresidentes no es un tema de consulta, si existen argumentos y hechos se debe proceder sin necesidad de consultar. 

"No es necesaria una consulta para que se investigue a quién se tenga que investigar. Eso es un deber del Estado y de la Fiscalía General de la República que no está condicionado"

Sin embargo exigen muchos otros temas en la agenda nacional que bien pudieran ser llevados a consulta, como el fortalecimiento al federalismo, los grandes  proyectos de Infraestructura nacional, el presupuesto participativo y otros tantos temas donde los ciudadanos bien pudieran participar y marcar su opinión. 

El problema no es la consulta, es la pregunta y es el objetivo político de tras de ella, los mexicanos lo supimos desde el primer momento y por ello la participación fue tan baja.