Coincidió en que, los libros de texto son un andamiaje que se puede usar con libertad y creatividad en las articulaciones que se estarán dando entre el programa sintético que tiene una presencia nacional y, el programa analítico, cuya construcción tiene como base una libertad de decisión otorgada a los colectivos escolares sobre lo que se debe enseñar y aprender desde las aulas.

 

Citó además uno de los puntos importantes del desplegado que señala que: Tal como lo plantea el artículo 3o Constitucional, en todo momento debe prevalecer el derecho de los NNA para contar con una educación que “además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”, basada “en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva”.

 

De tal manera que, concordó en que los motivos expresados por las autoridades del gobierno del Estado para impedir la distribución de los libros de texto son materia de conflicto, al invadir el campo de las decisiones educativas que le competen legalmente a la Secretaría de Educación Pública, como órgano rector nacional de la educación en México.

 

Defendió González Muñiz además el argumento que señala que la decisión de elaborar materiales complementarios, también es materia de conflicto en el ámbito de las definiciones sobre el currículo, y específicamente de los materiales autorizados para ser usados como apoyo pedagógico en las aulas de las escuelas públicas. Los libros de texto u otros materiales que se usen en las aulas de las escuelas públicas del estado de Chihuahua, deben ser autorizados por la Secretaría de Educación Pública, a partir del marco legal respectivo en la materia.

 

Agregó finalmente que es lamentable la postura del gobierno del estado de Chihuahua, toda vez que se debe de privilegiar la distribución y el uso de los materiales autorizados por la Secretaría de Educación Pública.