Destacó que se consideran víctimas de este delito a quienes interponen una denuncia ante la autoridad, sin embargo, a todas las personas que manifiestan ser desplazadas, se les atiende de buena fe, con ayuda humanitaria que incluye: alimentación, alojamiento temporal, salud, educación, higiene, acompañamiento jurídico, obtención de documentación, vinculación al trabajo, atención psicológica y social, entre otras.

El titular de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos, aseguró que el Estado atiende de manera puntual este tipo de reportes al momento en que son recibidos, y dijo que las mesas de trabajo con organismos nacionales e internacionales para analizar esta problemática continuarán, a fin de mantener una revisión periódica de avances.

“La finalidad es también trabajar en conjunto entre los tres niveles de Gobierno, porque somos conscientes de que si no trabajamos en coordinación no vamos a lograr los resultados que buscamos”, expresó. 

Por su parte, Norma Ledezma, comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (Ceave), indicó que esta problemática no es exclusiva de Chihuahua, sino que ocurre en todo el país, por lo cual se busca impulsar una ley general a nivel federación que reconozca esta situación.

Subrayó que el área a su cargo está en comunicación constante con su personal en Guadalupe y Calvo, con mecanismos preparados para brindar ayuda humanitaria a quien así lo requiera y acompañar con acciones de salud, alimentación y hospedaje.