Sota, caballo y rey

Lo que pedimos prestado ya no alcanza ni para pagar los intereses de lo que debemos. Así, el hoyo crece cada año.

En el Presupuesto 2027, solo los intereses de la deuda cuestan más de un billón y medio de pesos. Es más que lo que se destina a educación, a salud, a los programas sociales o a la obra pública, cada rubro por separado. Solo las pensiones pesan más.

Piense en una familia que paga una tarjeta de crédito con otra tarjeta. Cada mes debe más, aunque no gaste más. Y así estamos: una y otra vez gastamos más de lo que tenemos, y cada déficit es deuda nueva. Hoy ya debemos más de la mitad de lo que produce el país en un año, y la cifra sigue subiendo.

Para colmo, más del 80% del presupuesto viene comprometido antes de empezar el año: pensiones, intereses, dinero para los estados. Queda muy poco por decidir. Es un presupuesto para cumplir compromisos, no para impulsar el desarrollo.

Las calificadoras, esas empresas que le dicen a los prestamistas qué tan buen pagador es un país, ya lo notaron. Moody's y Fitch nos tienen en el último escalón antes de la categoría de riesgo, y S&P nos advierte con perspectiva negativa. Si caemos, nos prestarán más caro a todos: al gobierno, a las empresas y a los bancos. Y los intereses crecerán conforme se renueven los préstamos.

Mientras tanto, los estados y municipios cargan con lo que pueden. En seguridad, el dinero federal para sus policías es una fracción mínima, y en Chihuahua autoridades locales reportan que la capital ha perdido más de 120 millones de pesos este año y Ciudad Chihuahua y más de 40 a Delicias.

El gobierno promete ir bajando el déficit poco a poco y sin nuevos impuestos. Pero Fitch ya advirtió que una reforma fiscal de fondo será cada vez más necesaria. Pero es mejor decirlo claro: es indispensable.

Perder el miedo a los poderes fácticos significa dos cosas. 

Primero, que quien más tiene pague más, con un impuesto sobre la renta que suba por tramos según el ingreso, y que pague menos, o nada, quien menos gana. Lo contrario hace el paquete al subir a 5 millones de pesos al año el tope de un régimen simplificado que cobra como máximo 2.5%.

Segundo, que el gasto social llegue a quien más lo necesita, y que los más pobres reciban más dinero. 

Hoy la pensión universal para adultos mayores se lleva más de la mitad de lo que se gasta en programas sociales, y la reciben por igual quienes la necesitan y quienes no. Muchos de quienes la cobramos no la necesitamos. Dársela solo a quien la requiere permitiría que los más pobres recibieran más, y que el país gastara menos. Exigiría reformar la Constitución.

Costará votos. Pero un país con deuda creciente no puede seguir comprando paz social con dinero que no tenemos.