Respecto a la intervención de autoridades federales, la gobernadora sostuvo que la cooperación con otros países es legítima y necesaria, pero debe realizarse mediante los conductos institucionales y con apego a la legislación. Afirmó que ese es el procedimiento que ha seguido su administración y que exigirá a todas las instituciones bajo su responsabilidad.

Asimismo, precisó que la Fiscalía General de la República judicializó una causa distinta, dentro de su ámbito de competencia y a partir de sus propias investigaciones. Aseguró que el Gobierno de Chihuahua atenderá las solicitudes de información y las diligencias que requiera la Federación, siempre dentro del marco legal.

La mandataria agregó que, si de las investigaciones en curso surgen otros hechos relacionados con el ejercicio del cargo del exfiscal, la Fiscalía estatal actuará conforme a sus facultades y proporcionará a las autoridades federales la información que le sea requerida.

“Nadie que haya servido en mi gobierno está por encima de la ley”, afirmó Campos, al reiterar que en Chihuahua la ley debe aplicarse sin distinciones y que, según su postura, no se protege ni se persigue a ninguna persona.

Finalmente, sostuvo que su administración continuará combatiendo al crimen organizado mediante la coordinación con el Gobierno de México y sus socios estratégicos, con la fuerza del Estado, pero siempre dentro de la legalidad y con el objetivo de proteger a las familias chihuahuenses.

La declaración de la gobernadora establece la posición oficial de su administración frente a un caso que involucra investigaciones tanto estatales como federales. La determinación de las responsabilidades penales corresponderá a las autoridades judiciales competentes, conforme avance cada procedimiento.