Sota, Caballo y Rey

En el caso CIA en Chihuahua se ha hablado de soberanía, de traición a la patria y de quién sabía qué en Palacio de Gobierno. Pero la investigación que publicó ayer The New York Times obliga a regresar al principio de la historia, a una decisión administrativa que pudo evitarlo todo: recontratar a Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Las señales estaban ahí, eran obvias.

A mediados de diciembre de 2025, según contó la propia gobernadora Maru Campos, el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez le avisó que le habían retirado la visa a Zuany. No le dijeron por qué. 

Ahora el NYT cita una carta de autoridades mexicanas al FBI que habla de presuntos vínculos con cárteles. 

La gobernadora dice que pidió su renuncia.

Cuando un gobierno extranjero le quita la visa a un mando de seguridad, sin explicación, eso no es un trámite migratorio: es una alerta. Y la respuesta lógica es apartarse de él. Y aun así, regresó

Zuany recuperó la visa y volvió a la Fiscalía, de acuerdo con la gobernadora, por intervención del entonces fiscal general César Jáuregui, quien habría asegurado que no había problema con él. 

El NYT da otra pieza clave: la visa le habría sido restituida a cambio de cooperar con la CIA. Mientras tanto, según el mismo diario, el FBI lo seguía investigando.

Es decir, el hombre que regresó a encabezar operaciones estratégicas en Chihuahua ya no le respondía solo a la Fiscalía del Estado. Recuperó la visa porque tenía algo que ofrecer, y lo que ofrecía era Chihuahua. 

Llámenlo como quieran: en los hechos, regresó como doble agente. Durante más de seis meses, reporta el NYT, fue el enlace que llevó a agentes estadounidenses a entrenar y acompañar a policías estatales en operativos. Uno de ellos terminó en El Pinal, en abril, con dos agentes estadounidenses y dos funcionarios estatales muertos.

El error fue recontratarlo; lo demás son consecuencias

Se puede discutir hasta dónde llega la responsabilidad de cada quien, y eso lo resolverán los jueces: Jáuregui está vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público y por traición a la patria; Zuany tiene dos órdenes de aprehensión y sigue prófugo. Ambos merecen la presunción de inocencia. 

Pero hay algo que no requiere sentencia para verse con claridad: a un funcionario señalado por Estados Unidos, al que la gobernadora ya había pedido la renuncia, se le devolvió el mando de las operaciones más delicadas del estado.

Todo lo que vino después, la CIA dentro de la Fiscalía, el operativo de El Pinal, las acusaciones cruzadas entre Zuany y la gobernadora, partió de esa decisión.

¿Y los asesores?

Queda una pregunta que nadie ha respondido. 

Un fiscal general no decide solo: tiene un cuerpo de asesores, áreas jurídicas, de asuntos internos y de control de confianza. ¿Qué hacían mientras se recontrataba a un hombre con visa recuperada después de perderla por presuntos vínculos con el crimen organizado? 

¿Nadie preguntó por qué Estados Unidos se la había quitado, ni por qué de pronto se la devolvía? 

¿Nadie advirtió que tener agentes extranjeros en los cuarteles de la Fiscalía podía ser un delito?

O no vieron nada, o vieron y callaron.

Tienen un puesto pero solo aplauden al jefe no se atreven a decirle nada que lo vaya a contrarias. Una punta de inútiles.