Sota, Caballo y Rey

Al amigo, justicia y gracia; al enemigo, la ley a secas. 

La vieja máxima de la política mexicana nunca había tenido una demostración tan nítida como la de esta semana.

El sábado, la Fiscalía de Chihuahua detuvo a César Jáuregui por una causa local. 

El domingo, un juez estatal resolvió que la enfrentara en libertad. Minutos después, la Fiscalía General de la República ya lo esperaba con una orden federal en la mano. El lunes amaneció en el Altiplano, acusado de traición a la patria.

Traición a la patria. El delito más grave que puede imputarse a un mexicano, el que se reserva para quien vende al país al extranjero.

¿Su pecado? 

Encabezar en abril un operativo para destruir narcolaboratorios en la sierra, en el que, según la acusación, participaron agentes estadounidenses sin autorización federal. 

Si hubo una falta en el procedimiento, que se investigue y se sancione. 

Pero de ahí a equipararlo con un traidor a la patria hay una distancia que solo cubre la saña.

Marco Bonilla lo dijo sin rodeos y con justa indignación: es un "montaje de carácter político" que "no tiene fundamento alguno". Exigió lo más elemental en cualquier república: "una sola ley para todos". Y recordó lo que en Palacio Nacional prefieren no escuchar: que la verdadera traición a la patria es no combatir al narco.

Una sola ley para todos. 

Ahí está el problema, porque en México hoy hay dos.

Una es la que se le aplicó a Jáuregui: más de cien actos de investigación, presumió la fiscal Ernestina Godoy; orden de aprehensión ejecutada al minuto; penal de máxima seguridad. 

Y como remate, la presidenta desde el atril de la mañanera, dando por buena la acusación el mismo día de la audiencia: "La Fiscalía encuentra que el exfiscal de Chihuahua violó la Ley de Seguridad Nacional". Así, antes de que hable un juez, se condena desde el púlpito.

La otra es la que se aplica a los suyos. El 29 de abril, la Fiscalía Federal de Nueva York acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios, entre ellos un senador y el alcalde de Culiacán, de proteger a Los Chapitos. La acusación habla de sobornos mensuales, de listas de rivales políticos entregadas al cártel y de un comandante señalado por el secuestro y la muerte de un informante y de un familiar suyo.

¿Cuál fue la respuesta de México? La presidenta exigió "pruebas contundentes". La FGR concluyó en dos días que no había condiciones para detener a nadie. Rocha Moya pidió licencia, esperó a que bajara la marea y en agosto volvió a despachar como si nada. El único que ha pisado un tribunal, Gerardo 

Mérida, lo hizo porque se entregó solo en Arizona.

Para Jáuregui, más de cien diligencias. Para Rocha Moya, ni una detención provisional. Para el fiscal que fue a la sierra a destruir laboratorios, el Altiplano. 

Para los señalados de proteger a quienes los operan, el despacho, la licencia y la mesa bien servida.

Eso no es justicia. Es justicia selectiva, y la justicia selectiva es una forma de venganza con sello oficial. 

Se usa contra el que estorba, contra el que puede costarle a Morena la gubernatura de Chihuahua en 2027, y se guarda en el cajón cuando el acusado es de la casa.

No pido impunidad para Jáuregui. Si violó la ley, que responda ante un juez, con pruebas y el con debido proceso. Pido lo mismo que Bonilla: que la vara sea una. Que el rigor que hoy se presume en Chihuahua alcance también a los señalados de Sinaloa y de todas partes, a los que campean, comen y beben con la tranquilidad de quien sabe que nadie los va a molestar.

Quisiera encontrar un juez que tenga el valor de decirle a la presidenta que se equivoca, que el atril de la mañanera no es un tribunal. Mientras ese juez no aparezca, Jáuregui seguirá siendo lo que hoy es: un preso político del régimen.

Decía mi abuela que la ley es como la telaraña: atrapa al mosquito y deja pasar al moscardón. En el Altiplano está el mosquito. Los moscardones siguen volando.