Sota, Caballo, Rey

Hay errores que no se ven en una elección, sino en muchas. El más costoso que ha pagado el árbitro electoral mexicano no está en una casilla ni en un cómputo. Está en el perfil de quienes lo dirigen.

En algún momento de las reformas al IFE, y después al INE, alguien decidió que los consejeros ciudadanos debían dominar las leyes electorales. Desde entonces el órgano más importante para organizar nuestras elecciones fue quedando, poco a poco, en manos de abogados. No lo digo como reproche a una profesión. 

Lo digo porque se confundió la función.

Hablo desde la experiencia. Presidí el Instituto Estatal 

Electoral de Chihuahua durante nueve años, de 2006 a 2015. Soy doctor en administración, no abogado. En ese tiempo no tuvimos un solo error que diera pie a un reclamo legal. Ni uno. Ahí están los archivos de esos nueve años para quien quiera revisarlos: no encontrará conflicto alguno.

¿Cómo se logró? De la manera más sencilla. Los abogados hacían su trabajo: analizaban, fundamentaban y nos planteaban las opciones. El Consejo hacía el suyo: escuchaba, medía las consecuencias y elegía con sentido común. Cada quien en su lugar. Y nos fue muy bien.

Conviene precisar algo: la ley nunca exigió que los consejeros fueran abogados. El problema está en la puerta de entrada. Desde que se instalaron los exámenes de conocimientos como primer filtro, el camino quedó trazado para quien domina la norma. 

En la selección de consejeros del INE de este año, el examen evaluó derecho constitucional, sistema político, materia electoral y derechos humanos. 

Quien no sabía recitar artículos no llegaba a la entrevista, por más criterio o experiencia que tuviera.

Así, sin que nadie lo decretara, los abogados se apropiaron del órgano. Y el Consejo General empezó a deliberar como tribunal, cuando su tarea es conducir una institución.

Me dirán que el examen garantiza el mérito y frena las cuotas partidistas. Pero el mérito de un consejero no se mide en un cuestionario de opción múltiple. Se mide en su trayectoria, en cómo ha manejado instituciones, en cómo resuelve un caso difícil frente a un comité que lo escucha.

Me dirán también que las decisiones del Consejo terminan en tribunales. Precisamente por eso existen las áreas jurídicas. El blindaje legal es trabajo técnico, y debe hacerse bien. Decidir es otra cosa.

No se trata de cerrar la puerta a los abogados. Claro que puede haberlos en el Consejo. Pero no todos, y el dominio de la ley electoral no debe ser el requisito que decide quién entra. El perfil de un consejero debe ser más político que legal, en el mejor sentido de la palabra: saber conducir una institución, medir las consecuencias de cada decisión y responder ante la ciudadanía.

Los abogados están ahí, y su trabajo técnico basta. Lo que el INE necesita en su mesa son ciudadanos con sentido común y conciencia de la responsabilidad que tienen enfrente. Corregir ese error histórico es todavía posible.