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La seguridad pública “fallida” de López Obrador

27 de junio de 2022

El senador morenista Rafa Espino le pone el cascabel al gato

Nomás por no dejar, IMIP inicia jornada de consulta ciudadana 

¿Dónde está Carlos Murguía Chávez? ¿Cuál es el “Plan B”?

Insisten periodistas a AMLO protección para el gremio 


A raíz del asesinato de los padres jesuitas y de un guía de turistas en la comunidad de Cerocahui, en el municipio de Urique, no hubo medio de comunicación en el país que no abordara el tema de la violencia que está desbordada como nunca.

La inseguridad es tema obligado de la agenda de medios, pero tras el doble homicidio de los jesuitas la violencia en México cobró mayor interés y se visibilizó aún más.

No hubo noticiero electrónico, periódico, sitio web de noticias y red social en donde no se habló sobre la inseguridad y sobre la delincuencia organizada que no respeta nada.

Muchas de las noticias, de los reportajes, de los análisis de opinión y de los comentarios fueron señalamientos a la estrategia “fallida” de seguridad y de prevención del delito del gobierno federal.

Sin embargo, la presión social de los mexicanos no hace que el presidente Andrés Manuel López Obrador cambie su actitud y sus pensamientos sobre su estrategia de “abrazos no balazos”.

López Obrador se ha montado en su macho y con la mano en la cintura ha dicho que no va a cambiar la estrategia de seguridad, porque según él marcha bien, pese a que durante su administración se han registrado más homicidios en casi cuatro años, que en todo el sexenio de Felipe Calderón. 

Y como el presidente es duro de entendederas hoy en la mañanera seguirá con esa misma idea y en lo que resta de su gestión. 

AMLO prometió mucho, creó expectativas desproporcionadas en seguridad pública, pero hoy la realidad es muy distinta a lo que prometió cuando era candidato y cuando tomó las riendas del país. 

Habla mucho y no escucha nada, de plano no quiere escuchar a los millones de mexicanos que le piden corregir la estrategia para que tome el camino correcto y cumpla con su compromiso de garantizar la paz y la tranquilidad de los gobernados. 

Si en su mandato no logra brindar seguridad a los ciudadanos su gobierno nunca tuvo razón de ser, porque sólo en esa medida tendrá justificación la Cuarta Transformación. 

Atrás debe dejar el pretexto de culpar al pasado de todos los males, y dejar de hacerse la víctima de los gobiernos anteriores; debe tomar la responsabilidad que hoy le toca para solucionar los graves problemas de inseguridad provocados por el crimen organizado ante la vista de la población y de su gobierno.

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El senador morenista, Rafael Espino le puso el cascabel al gato, en un momento de arrebato decidió presentar un punto de acuerdo ante el Senado para exhortar a las autoridades encargadas de investigar y perseguir los delitos del orden federal y local para que se pongan las pilas e investiguen, atiendan y castiguen al asesino de los sacerdotes jesuitas.

En su exposición de motivos el legislador hace mención que la estrategia de seguridad y en contra de la violencia no ha sido la correcta o no se ha aplicado como debería de ser.

El exhorto no caerá muy bien en palacio estatal, ni tampoco en la Fiscalía General de la República, ni en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de donde depende el órgano desconcentrado de la Guardia Nacional.

Dicho sea de paso, a poco más de tres años de haber sido creada la Guardia Nacional con gran expectativa para serenar al país con una gran capacidad de fuerza con alrededor de 140 mil efectivos, está absolutamente lejos de lo que esperaban los mexicanos.

La Guardia Nacional no ha dado el ancho para lo que realmente fue creada, hoy está institución ha sido desplegada para hacer cualquier cantidad de labores como repartir fertilizantes, tanques de gas, libros de texto, ayudar en las construcciones, a cuidar migrantes e instalaciones y otras funciones.

Al final del día no están ayudando para lo que fue concebida, es decir, para prevenir y combatir los delitos; un desperdicio de capacidad de fuerza que no tiene estrategia bien definida.

Pero, en fin, regresando al exhorto de Rafa Espino, que mal que el Congreso de la Unión tenga que exhortar a las autoridades federales y de Chihuahua a que cumplan con su obligación constitucional de brindar atención a las comunidades más marginadas de las regiones rurales del estado.

El senador pide que trabajen conjuntamente para implementar medidas y estrategias para proteger esas zonas distantes de las ciudades, y que han sido guarida para el crimen organizado.

Para muchos, este tipo de exhortos son como las llamadas a misa; así que sólo lo atenderán aquellos que quieran hacerlo; al final del día se trata de un exhorto que ni obliga ni ofende.

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Solo por no dejar, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) puso a disposición de los juarenses los proyectos de obra pública que serán elegidos y financiados a través del presupuesto participativo.

El mapa con la lista de obras georreferenciadas que participan ya está disponible en la página web del IMIP y en la página de la red social de Facebook. 

Los fronterizos pueden ver los proyectos de obra y el próximo 10 de julio se realizará la jornada de consulta pública; el voto será electrónico; y también habrá 100 mesas receptoras para voto con funcionarios públicos a cargo, distribuidas en centros comunitarios y escuelas. 

El ejercicio de consulta ciudadana se lleva a cabo en coparticipación con el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE).

Vale destacar que el presupuesto participativo es un mecanismo de gestión y participación social mediante el cual quienes habitan en cada municipio, deciden sobre el destino de un porcentaje del presupuesto de egresos municipal de cada año, a través de consultas directas a la población.

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Los empresarios juarenses que por casi 20 años han contribuido puntualmente al fidecomiso para la construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones Paso del Norte, esperan que en breve Carlos Murguía Chávez salga a informar el “Plan B” de la edificación.

Y es que después que el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua (IMTA), dictaminó la inconveniencia de construir el Centro de Convenciones en los hoyos de El Chamizal, a los promotores no les quedará otra que, por enésima vez, buscar otro lugar para construirlo. 

Mientras el clan de Alejandra de la Vega y Carlos Murguía asimilan la nueva derrota, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar buscará la reconciliación con el grupo de empresarios que le quisieron dar madruguete.

A la par, Pérez Cuéllar ya trabaja en la integración del Consejo Consultivo de El Chamizal para evitar que en el futuro se repita la historia que trajo desavenencias y desunión de los juarenses.

El grupo estará integrado por directores de dependencias municipales, estatales y federales relacionadas con El Chamizal y por seis ciudadanos.

Una vez creado el consejo lo primero que revisarán son los comodatos que se han otorgado como pan caliente y todo lo referente a El Chamizal de acuerdo con el convenio que se tiene con la Federación.

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Representantes de la Federación Internacional de Periodistas entregaron un oficio en la oficina de Atención Ciudadana de palacio nacional en donde hacen un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a tomar medidas efectivas para hacer frente a la ola de violencia que este año ha cobrado la vida de 12 periodistas.

Además, le piden esclarecer los homicidios de las decenas de comunicadores asesinados en los últimos años.

El oficio fue entregado el pasado 23 de junio luego de que los delegados acordaron hacer el llamado al presidente de México en el 31 Congreso mundial de la Federación Internacional de Periodistas.

También instan al primer mandatario a revisar y reformar los mecanismos de protección a los comunicadores y de investigación de los homicidios a través de los diálogos regionales con los periodistas con las organizaciones que los representan y defienden sus derechos.

Así como realizar un análisis de contexto en las zonas más críticas del país para ejercer el periodismo y trabajar con mayor énfasis en las medidas preventivas de protección a los comunicadores en situación de riesgo.

En el documento aseguran que México ocupa el primer lugar en América Latina en agresiones y asesinatos de periodistas, que quedan en la impunidad en más del 90 por ciento de los casos.

Tan solo en este año, han sido asesinados 12 periodistas, y 21 desde el 1 de diciembre de 2018. En los dos sexenios anteriores, en México se registraron 95 homicidios de periodistas.

La petición de la Federación Internacional de Periodistas fue respaldada por el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación, el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa y por Minuto 28 Producciones, entre otras.

La Federación Internacional de Periodistas no ha reportado públicamente respuesta del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador.

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