Por Rafael Navarro Barrón

El cuerpo de aquel hombre de 56 años que falleció por una serie de complicaciones médicas, no atendidas a tiempo, fue llevado a la deprimente Funeraria San Martín, ubicada en la Avenida El Granjero, de Ciudad Juárez.

El féretro gris, de lámina, tuvo que ser envuelto en plástico porque el cuerpo se echó a perder en el Hospital General del Estado. Un trío de imbéciles servidores públicos (el director, el subdirector y la jefa de Trabo Social) se negaron a entregar inmediatamente el cadáver debido a una abultada cuenta que los familiares no pudieron pagar.

Murió un sábado por la mañana. La familia fue notificada de su muerte y se les notificó que tenían que pasar a pagar doscientos cinco mil pesos para poder recuperar el cadáver que, sin decirlo, quedaría en calidad de secuestrado hasta que no llegaran a un acuerdo de pago.

El cuerpo fue colocado en un cuarto con refrigeración que carece de la capacidad técnica de mantener los cadáveres en conservación porque el nosocomio tiene apenas un sistema simple que no garantiza la congelación de los tejidos humanos.

El fallecimiento se dio unos días posteriores en que la voz melodiosa de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván se alzó para presentar el Plan Estatal de Desarrollo en Ciudad Juárez.

En su emotivo discurso estableció, como un compromiso del Estado, mejorar las condiciones de servicio, la calidez en el trato y humanismo en los hospitales de la entidad que gobierna. Los aplausos inundaron el recinto elegido para el evento gubernamental en Ciudad Juárez. Todos creyeron la retórica porque se hizo en un ambiente manipulado con luces y sombras, en un momento difícil para el Estado de Chihuahua.

El Hospital General argumentó que la persona fallecida era tratada de esa manera porque lo internaron en un nosocomio estatal, no obstante que tenía la cobertura del Seguro Social. Esta vaga declaración contrasta con la más perversa ignorancia.

El IMSS, como lo hace a diario, se negó a recibir al paciente a quien regresó inmediatamente a casa, pues le hizo saber a la familia que no ameritaba el internamiento. Veinticuatro horas después fallecía en el Hospital General por todas las complicaciones que se conjuntaron. Murió solo y en una terrible escasez económica. Era imposible atenderlo en la medicina privada.

De allí empezó el calvario. Al primogénito del hombre fallecido le indicaron que si no regresaba con el dinero de la cuenta, no le entregarían el cuerpo de su padre. Que hiciera lo posible por juntar $205 mil pesos con setenta y cuatro centavos en un lapso de dos horas, porque era sábado y se tenían que ir temprano.

Llegó el domingo. La familia hizo todo lo necesario para tratar de resolver la situación económica. 

Imposible en una economía como la de Ciudad Juárez; improbable cuando se es obrero en una maquiladora con ese sueldo paupérrimo y la cadena de abusos que permiten los gobiernos.

El lunes empezó otro rosario de dolor y burocratismo. El diálogo se diluyó y empezó a privar el mecanismo intimidatorio con el “ejército perr”, un comando voraz compuesto por el personal de administración y las trabajadoras sociales.

Los “servidores públicos”, convertidos en delincuentes comunes, en vulgares secuestradores de cuerpos, hicieron uso de todos los escollos burocráticos e inhumanos para impedir la salida del cuerpo. No pudieron garantizar el Juramento de Hipócrates, para evitar su fallecimiento, pero se adueñaron del cuerpo inerte, como se han adueñado del nosocomio.

Porque no es un secreto que el Hospital General, por las noches o en la madrugada, sirve como sala de operaciones para pacientes privados, que los hacen pasar como miserables juarenses pero que en realidad hacen uso de una clínica del pueblo para que los galenos obtengan ganancias extras.

El caso del hombre fallecido, por delicado y confuso, escaló los escritorios de servidores públicos del Estado, “pidiendo un favor humanitario”. Sí, el derecho a la salud (consagrado en la Constitución), ahora era “un favor” a los entes de gobierno.

Así se recurrió a Sergio Acosta, Subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común en la frontera para la mediación con el director del nosocomio, de quién se dijo “era una buena persona e iba a conceder la liberación del cuerpo”.

Esa misma intermediación se solicitó al director de Asuntos Religiosos del gobierno de Maru Campos, quien hizo el trámite ante el área contable para solicitar la “comprensión del momento”.

Y mientras más favores se pedían, más se crecían los enanos de la burocracia, argumentando que “no era cosa de ellos”, sino de la Secretaría de Salud en la ciudad de Chihuahua; de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal; de Maru Campos; todos ellos marcaban las directrices del abuso, del secuestro de cadáveres.

Porque el juego de la ilegalidad, del delito, se convirtió en un hecho común y corriente.

Eran ellos (los directivos del HG), la misma gobernadora, según lo declararon, la que ordenaba mancillar el buen recuerdo de aquel ser querido convirtiéndolo en carne en disputa, arrancándole la dignidad humana, el derecho a morir en paz y ser velado por nuestros seres queridos.

¡Vaya cosas!, pidiendo favores por nuestros derechos. Suplicando, solicitando a los funcionarios públicos que sensibilizaran a esa jauría que administra los bienes del Estado.

Tan solo hay que recordar que el gobierno estatal gastó un millón y medio de pesos en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo y no podía “hacerse de la vista gorda” por una nimiedad, que ni siquiera equivale a un cinco por ciento de los viajes de la carismática Maru a donde apunta el huarache, cada vez que lo desea y hasta por motivos partidista.

Los aviones del Estado se levantan y aterrizan; pagan el servicio de andenes, los derechos de usar pistas y los impuestos aeroportuarios; el pago de los pilotos y el resto de la tripulación. La nave se provee del carísimo combustible de avión y de la alimentación y refrescos que le gustan a la gobernadora y sus acompañantes.

Para esos gastos no hay límites, ni contemplación; las limitaciones llegan cuando hay que humillar a los pobres, a los que sostienen las finanzas estatales.

En ese peregrinar llegó el martes. El cuerpo cumplía 72 horas de estar en un lugar inadecuado para su conservación. Fue entonces que la preocupación empezó a generarse en el Hospital General. El fallecido ya olía mal y empezaba a deshidratarse. El olor era insoportable.

Ahora sí urgía la necesidad de un arreglo. El mensaje lo transmitió el director de Asuntos Religiosos del gobierno de Maru Campos, el médico José Ruiz. “Sabes que el cuerpo ya no se va a poder velar normalmente. La caja se va a tener que sellar porque se echó a perder el cadáver”.

La biblia relata el “Caso de Lázaro”, un cuerpo de cuatro días de fallecido, colocado en una tumba de Betania. Martha se atrevió a decirle a Jesús que no se acercara al sepulcro porque el “cuerpo ya hedía”.

Y así en el Hospital General, no únicamente hieden los cuerpos que se les echan a perder por tanto imbécil e inhumano que secuestra los cadáveres, sino hiede todo el departamento financiero; 

apestan las trabajadoras sociales; apesta el incompetente director que ha convertido en un caos el nosocomio y el subdirector que dispone de la institución como si fuera una clínica privada (y de su propiedad).

La incapacidad se acrecienta por la filosofía de los directivos del Hospital General, que utilizan a su ‘ejército perro’ de Trabajadoras Sociales, mujeres llenas de soberbia, de odio; insensibles y llenas de prejuicios, contra los pobres.

San Martín es el nombre del negocio funerario, evocando a uno de los santos preferidos de los católicos del Siglo pasado. El inmueble seguramente opera con las facilidades que otorgan Coespris, Comercio Municipal y Protección Civil. Aquí no importa la dignidad de los que fallecen y de sus familias, sino el negocio redondo, donde todos agarran, porque en ese caos del comercio de la muerte, los inspectores de las instancias municipales y estatales se pintan solos.

No hay que indagar mucho. Las investigaciones especializadas salen sobrando, ante figuras tan corrompidas como la del director de Comercio, Daniel Pando, un hombre sui generis, que proviene de la anterior administración que se ha convertido en la caja receptora municipal de los recursos ilegales de -¡miles de comerciantes! -que operan por toda la ciudad.

Tal Cual salió a la calle y preguntó los detalles de los moches que tienen que otorgar a la red de inspectores municipales que trabajan en la regulación de los vendedores ambulantes.

La misma Comisionada del Desarrollo del Centro Histórico de Ciudad Juárez, Graciela Espejo en una declaración a Radio Net 1490 sentenció que la zona centro es un caos; el 50 por ciento de las ventas del comercio organizado están caídas por esa caótica condición en la que está la parte histórica de Ciudad Juárez.

El drenaje ha colapsado y una plaga de vendedores ambulantes invade las banquetas, las calles, las zonas de tránsito vehicular. No hay por donde caminar, todo está invadido de vendedores ambulantes.

Para la licenciada Espejo, existen 160 vendedores que ha autorizado el municipio últimamente; todos pagan la cuota, el moche, la dádiva que exige Daniel Pando.

Y así en el resto de la ciudad. Todos dicen abiertamente que son objeto de actos simulados de extorsión. Ante estos hechos, Pando sigue en su lugar. ¿Por qué no lo corren? Obvio. Nada es fortuito, todo se circunscribe en el plan de caos, bajo el principio del “río revuelto” que genera la ganancia de los pescadores.

Se escribe esta columna el 8 de abril del 2022, ¿cuántos días más pasarán para que Pando siga en su cargo? Contemos la resistencia. Cada día servirá para sumar el nivel de poder de este funcionario público y la resistencia de quien lo protege; o más bien, del que está detrás de él y a quien le conviene que esté regulando los cobros ilegales del comercio legal e ilegal. Contemos.

La otra pregunta es para Roberto Briones Mota, el director de Protección Civil del Municipio. ¿Tiene conocimiento de las condiciones en las que operan las funerarias locales? ¿está enterado de lo que ocurre en la funeraria San Martín?

La historia concluyó con una determinación tomada por el cartel de secuestradores que opera en el Hospital General. Hicieron que la familia firmara unos pagarés por la cantidad reflejada en la cuenta.

Era urgente deshacerse del cuerpo del delito. No había tiempo para sostener el secuestro pues la 

situación se les salió de las manos.

Por eso el cadáver fue liberado horas después. Era imposible su velación en términos normales. Los delincuentes de la Secretaría de Salud del Estado fijaron su sentencia y la familia tuvo que acatarla. 

Es por eso que colocaron una fotografía de su ser querido arriba del féretro.

La recomendación de la funeraria fue que el cuerpo fuera velado unas cuantas horas. Luego su sepultura inmediata.

Así concluye la historia de un hombre de 56 años, cuyo nombre omitimos por respeto a la familia, por respeto a él mismo.

En el Hospital General, la caterva de imbéciles que lo gobierna quedará en sus cargos, como si nada: extorsionando pobres, asesinando enfermos y esperanzas. Estarán al arbitrio de las indicaciones recibidas desde arriba, porque el hambre es mucha.

Ellos están tan seguros, que al morir, sus cuerpos no se van a pudrir en ese cuarto inmundo, el día que Dios los llame a cuentas. Y nuestro deseo es que en su conciencia lleven la frase bíblica que es lacerante y determinante para todo aquel que ofende la naturaleza creada por el Señor.

El deseo es que recuerden siempre que “lo que siembran cosechan” y que “horrenda cosa es caer en manos del Dios Vivo”. Amén.