Rafael Navarro Barrón

Los hermanos Pérez Cuéllar, Cruz y Alejandro, están a punto de convertirse en corruptos por mayoría de votos. Las denuncias presentadas -hasta este día- están vigentes en el ámbito mediático, pero no en lo jurídico.
El contenido de las denuncias, no ha conmovido ni a los electores ni al presidente municipal, cuyos números ofrecidos por las casas encuestadoras lo colocan en las nubes.
Pero es sí, la campaña contra Cruz Pérez Cuellar, que busca la reelección, y su hermano, que aspira a una diputación federal, ha escalado los lugares inimaginables de la política mexicana. En dos ocasiones, periodistas de medios de comunicación de la capital del país, presentaron el caso en la conferencia mañanera.

En esas mismas dos ocasiones, el presidente AMLO desechó la argumentación periodística, por no tener una base jurídica, aunque el tema de conversación está en la mayoría de los agujeros donde se esconde la clase política juarense.
Hasta el morenismo, afín a exsubdelegado del Bienestar y hoy candidato al senado de la república, Juan Carlos Loera y su embajadora, ahora pintada de anaranjado, Esther Mejía, manejan con mucha enjundia el desaseo del alcalde y su hermano.
Según los conocedores cercanos a Mejía, los pelos y señales de la corrupción crucista, serán objeto de exposición durante el mensaje de la actual síndica en el único debate de los candidatos a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, cuya fecha está por anunciarse.
Esa misma concepción de la indecencia ‘crucista’ está en la boca, pero no en la pluma de los analistas serios. Sin embargo, los que pertenecen a la pacotilla periodística refieren el tema como si fueran los grandes conocedores de los entretelones de la corrupción.
Sucede lo mismo con los periodistas hechizos y genuinos, con los intelectuales orgánicos juarenses y de las dos capitales, la del Estado y la de la nación mexicana…y, ahora, es el tema central de la organización cáustica conocido como Plan Estratégico de Juárez, encabezado por el junior de los Fernández Iturriza, el innombrable Miguel y todo su equipo de analistas, que cobran muy bien por entregar reportes catastróficos a quien fuera descendientes de los dueños de la Coca-Cola en el norte del país.

Y es que la asociación de Fernández Iturriza ha sido una caja de nervios para los alcaldes en turno. Bien definió el exalcalde, conocido con el hipocorístico de ‘Teto Murguía’ a quien fuera un prominente miembro de su gabinete en la primera administración: “ese Miguelito (Fernández Iturriza) es un huevón y pendejo, nunca aportó nada a mi administración y lo único que quería era figurar. Renunció cuando lo puse a trabajar”.
A las acusaciones contra el alcalde y su hermano se han sumado infinidad de personajes de la vida política local. La lista está para quitar el aliento: Carlos Gutiérrez Casas. Presentó tres denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción. Las acusaciones incluyen peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y desvíos de recursos; los legisladores, Daniela Álvarez, Marisela Terrazas y Gabriel García Cantú, cuyas denuncias son por enriquecimiento ilícito; el diputado Gabriel García Cantú, El Gabo, dirigente del PAN, quien acusa al exdirigente estatal del blanquiazul por actos de corrupción y conflictos de interés.

Los ciudadanos, Ernesto Robles y Rosalba Bernal, identificados con el partido Morena; Sergio Meza, del Plan Estratégico de Juárez; el exgobernador Francisco Barrio Terrazas.
Señoras y señores y, por fin, el ‘candidato Pache Pache’, Rogelio Loya, emanado del PAN que, en un breve mensaje, acusó a los hermanos Pérez Cuellar de corruptos.
Loya decidió no mencionar el apellido Cuéllar, sino que se refirió a sus compadres, Cruz y Alejandro, como los corruptos ‘los Pérez’.

Y así como lo oye, ¡por fin!, pero por la decepción y el desaliento de decenas de miembros de la coalición PRI, PAN y PRD que, literalmente lo azuzaron y le lanzaron un ultimátum, Loya se sumó a la lista de acusadores.
Abundar en el contenido de las denuncias mediáticas y efectivas que se han presentado contra el alcalde y su hermano, sería un despliegue innecesario de la lista de ocurrencias y posibles actos que pudieran ser constitutivos de algún delito.
El tema no es si son o no son corruptos. El asunto es el grave problema que ha generado la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de un auténtico ‘huevos tibios’, el histriónico Abelardo Valenzuela, el Bayito que se ha especializado en asuntos triviales, ocupando las redes y el tiempo periodístico en actividades que se resumen en simples asuntos sociales.
Lo hemos dicho en este espacio, Valenzuela ha emprendido una persecución alevosa y cínica en contra la exalcaldesa de Nuevo Casas Grandes. Los sueños onanísticos del panista están concentrados en inventar cada día una nueva denuncia en contra la ahora detenida y sujeta a proceso por corrupción.
En esa acción misógina está la dureza y enjundia de Valenzuela. Y hay que decirlo, más allá de las pretensiones de llevar o no a los Pérez Cuéllar a un proceso judicial y a la eventualidad de encerrarlos en el Cereso de Juárez, está la falta de respeto a la figura, la municipal.
Hasta hoy -ese es el asunto toral- ha prevalecido la interpretación, la especulación, los reportajes que carecen de un rigor periodístico, los informantes anónimos que repiten como pericos lo que han escuchado de fuentes poco creíbles.
Javier Corral coreó hasta el cansancio que la hoy gobernadora Campos, el mismo Cruz Pérez Cuéllar, el fiscal César Jáuregui, la entonces dirigente del PVEM, María Ávila, periodistas y hasta los obispos de la entidad, estaban en una nómina millonaria y confidencial, creada por el exgobernador César Duarte, para mantener un control de los medios de comunicación, del clero y de los opositores políticos naturales a su gobierno.
He leído y escuchado varias entrevistas con el exgobernador César Duarte, ya como presidiario. Ningún reportero le ha preguntado si fue un invento de Corral Jurado o, efectivamente, existió la lista millonaria e inmoral que embarraba a más de 25 beneficiados.
Se desconoce por qué nadie le ha preguntado al exgobernador Duarte, si en algún lugar, en algún escondite, en la oscuridad de una caja de seguridad o en una simple caja de cartón, escondió la lista incriminatoria o simplemente, su homólogo Corral, la redactó para afectar al priista.
Corral ha quedado como mentiroso y los acusados judicialmente libres de toda culpa, salvo los casos en que un periodista y algunos miembros de la política decidieron regresar el dinero que les entregó Duarte Jáquez.
La circunstancia política del momento, que está al rojo vivo, es propicia para ensuciar a quien está en la lucha político-electoral. Todos los pecados, todos los diablos fueron sacados del infierno y puestos a retozar en un entorno que se presta para que los voceros partidistas, los periodistas a modo y todo aquel que se ostenta como opinión pública, especulen sobre los temas que pueden dañar a los contrincantes opositores.
No se observa la ética, ni hay rubor en la divulgación de cuantas historias se platican o leemos de las diversas fuentes que están al servicio de los poderes fácticos.
Y, obvio, a todo aquel que limite sus opiniones sobre la corrupción del alcalde y sus actos de corrupción, son tratados como reporteros corruptos, comprados por los Pérez Cuéllar. Ese es el camino más fácil.
Creen que los que nos dedicamos a la comunicación no tenemos poder de discernimiento o que somos meretrices de esquina esperando a la clientela política para ofrecerles nuestros servicios.
Vemos, analizamos y discernimos perfectamente lo que ocurre en nuestro entorno. Particularmente, pienso que, al expresar lo que creemos, vamos a enfrentar a esa turba de especuladores.
Admito que los lectores de esta columna pueden o no estar de acuerdo con el contenido. Seguramente pensarán que se trata de una consigna periodística para favorecer a algún actor, en este caso a los hermanos Pérez Cuéllar.
Creo firmemente que los actos de linchamiento público hacia el alcalde Pérez Cuéllar han sido desmedidos y en muchos casos mezquinos.
Mi razonamiento se enfoca no en lo que a mi me consta o creo, sino en la reacción de los actores del oficialismo que desdeñan las denuncias ciudadanas. Hasta hoy sigo sin entender al flamante fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela que se ha tardado en informar si las querellas que intentan incriminar al alcalde y su hermano están en posibilidades de prosperar o, en su defecto, de ser archivadas.

Pero estamos seguros de que no ocurrirá ni lo uno ni lo otro, por lo menos antes del proceso electoral. Es más, me atrevo a pensar, conociendo a Valenzuela que ni siquiera ha revisado las denuncias.
La inacción, a favor o en contra de la procedencia, es el camino más cruel y sucio que se puede seguir en un asunto tan importante. La simple presentación de cada una de las querellas pareciera que es un apocalipsis en la administración de Cruz, por eso es importante la demarcación de cada una de ellas.
Y la obviedad salta a la vista. Es mejor que no se diriman porque resultan más efectivas en el terreno de la especulación que en el análisis jurídico de las mismas.
Pero eso es un acto de crueldad. Es una falta de huevos del fiscal Anticorrupción, porque si proceden y no hace nada por ejecutar lo que jurídicamente se debe de realizar, es una cobardía; y si no proceden, entonces es una vileza.
En el caso del análisis que realiza el Plan Estratégico de Juárez, su contenido es ampliamente debatible y perverso. La medición de la corrupción en la policía y Tránsito, es una oda a la pendejez y a la mala fe de quien las realiza.
Y luego, está la otra acusación que deambula en el ambiente político, esa que asegura que todas las decisiones de construcción pasan primero por la oficina de Alejandro Pérez Cuéllar.
Esa presunción de corrupción, hacia los que se dedican a construir o a solicitar las cartas de anuencia para la construcción, luciría con mayor claridad si llevara nombres de los afectados y las circunstancias del acto de corrupción.
No se trata de defender por defender. Estamos muy lejos de esa posición, pero si alguien desea que los medios de comunicación informemos lo que ocurre en la administración municipal, debemos de tener en la mano las evidencias debidamente analizadas por una autoridad competente.
Las ruedas de prensa que rayan en la estridencia y la exageración no son otra cosa que simples lamentos de lo que se cree está ocurriendo en la administración municipal. Creo que la exigencia, en este caso, no es hacia los medios de comunicación que nos ponen todos los adjetivos y sinónimos que tienen que ver con la corrupción, sino al pusilánime zar Anticorrupción, que cobra en salario que no devenga.

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