Javier Corral creó centro de acoso político en la Casa de Gobierno
Fabricó falsos testigos bajo amenazas, contra sus enemigos.
11 de octubre de 2021
La Casa de Gobierno de Chihuahua, fue convertida en centro de operaciones policiacas y ministeriales, donde se integraban los conocidos “expedientes X”.
El gobierno de Javier Corral Jurado, obligó a empresarios y ciudadanos obligados a convertirse en testigos colaboradores, para enjuiciar a quien decidiera el gobierno de Corral.
Lo anterior se informa en medios informativos a nivel nacional. Donde se detalla que aplicaban tortura psicológica hasta que ya no se podía más, por lo que se firmaban “declaraciones” sin saber que decía, dijo uno de los afectados.
Cinco ex funcionarios detallan cómo fueron sometidos a torturas psicológicas y obligados a convertirse en testigos colaboradores para imputar a servidores públicos u otros personajes de la política, rivales del ex mandatario Javier Corral.
Había momentos en que el propio gobernador Javier Corral y el fiscal César Peniche supervisaban los interrogatorios a través de un sistema de circuito cerrado.
Los fiscales les manifestaban a “los testigos” que los testimonios, una vez escritos, eran checados y aprobados por el fiscal Peniche y por el mismísimo Corral y no les servían para acusar a quienes ellos decidían, se repetían por varias veces.
Algunos laboraron en el gobierno de Chihuahua incluso antes de la administración del priísta César Duarte Jáquez (2010-2016) y otros se convirtieron en proveedores de esa administración.
Pero a todos –aseguran– se les amenazó con acusarlos de haber participado en el desvío de recursos públicos que se imputa al ex mandatario priísta.
Durante el mandato del panista Corral Jurado, entre los principales objetivos de los expedientes x estuvieron además del ex gobernador Duarte Jáquez –quien enfrenta una solicitud de extradición emitida por el gobierno mexicano al de Estados Unidos– sus colaboradores: Antonio Tarín García, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Gerardo Villegas Madriles y Alejandro Ornelas.
En total, se estima que fueron 50 testigos colaboradores los creados por la fiscalía de Corral para dar soporte a decenas de investigaciones contra ex funcionarios y proveedores de la administración de Duarte Jáquez.
Y con sus declaraciones se decomisaron bienes a los altos funcionarios acusados de actos de corrupción, en septiembre pasado, a días de concluir su gestión, el gobierno de Corral Juradodevolvió a varios de ellos, bienes que la fiscalía local había confiscado desde 2017.
En este caso, la actual gobernadora, también militante panista, María Eugenia Campos, fue uno de los objetivos de la fiscalía local.
La intención era acusarla de actos de corrupción cuando fue alcaldesa de la capital de Chihuahua. Algunos testigos entrevistados revelaron haber sido presionados para construir declaraciones con las que se integrara su caso y evitar de esa manera que obtuviera, primero, la candidatura blanquiazul, y llegara al cargo de gobernadora.
Otro apunta, que durante los interrogatorios, los fiscales jugaban con lo que decían. Siempre acomodaron las cosas para imputar a gente.
El trauma por lo padecido es mucho, que incluso –señalan– no recuerdan los nombres completos de los fiscales que los interrogaban en la Casa Zarco.
Los jefes eran la licenciada Peña y Francisco Flores. Eran los más duros, los que amenazaban. Decían que llegaran solos a la Casa Zarco y ordenaban que dejaran sus teléfonos en la caseta de vigilancia.
Las comparecencias eran en distintas partes de la casa. Ocupaban espacios en la planta baja o alta del edificio. Siempre aislados, en una silla, rodeados por tres fiscales y policías ministeriales que portaban su arma de cargo. Una pistola fajada al cinto.
Dijo uno de los testigos, los fiscales siempre nos decían: si no va a cooperar, ¡váyase! Pero cuando regrese se irá a la cárcel, no habrá criterio de oportunidad. ¡Acuérdese, acuérdese! Coopere!
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