El funcionario explicó que, en estos casos, se notifica previamente al propietario o responsable del vehículo y, de no haber respuesta, se solicita la intervención del Departamento de Tránsito y Vialidad para colocar el inmovilizador. La liberación de la unidad solo procede una vez que se ha cubierto el monto correspondiente a las multas.

Morales destacó que esta acción está fundamentada en el artículo 83 de la Ley de Tránsito, así como en el reglamento interno del Consejo de Estacionómetros. Añadió que hasta el momento el inmovilizador se ha utilizado en solo dos ocasiones, y únicamente en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Finalmente, subrayó que la instrucción del alcalde, Salvador Calderón, es que esta herramienta se utilice como un mecanismo de concientización y no como una medida recaudatoria, ya que los recursos generados a través de los parquímetros son destinados a programas sociales y de mejora urbana.