En el corazón de Guadalupe y Calvo, un municipio que arrastra la pesada carga de ser uno de los cinco en Chihuahua con Alerta de Violencia de Género (AVGM), es desde esa condición como la alcaldesa ha priorizado que en lugar de la FEM se instale una cafetería dejando así en segundo plano de las prioridades la procuración de justicia a las mujeres y la familia. Se ha ponderado el negocio y las diferencias políticas partidistas lo que ha despertado una alerta de género y violencia política.

La polémica se ha desatado en los últimos días en Guadalupe y Calvo, el municipio gobernado bajo las siglas de Morena a través de Ana Laura González cuando ha pedido se desaloje el espacio municipal que aun ocupa en el palacio municipal la Fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género y la familia (FEM).

No solamente es la petición sino la premura para que se retiren. Al gobierno municipal morenista le ha ganado la urgencia y ha dado un ultimátum para que desaloje el local, pese a que esa dependencia estatal aún no tiene un sitio a donde cambiarse para seguir atendiendo los asuntos de violencia de género y contra la familia.

Este incidente ha desatado la polémica y el malestar social cuando se ha puesto en relieve cual es la prisa que tiene el gobierno municipal para que se desocupe ese espacio ubicado en las instalaciones de la presidencia, en ese lugar ¡instalaran una cafetería! Aunque aún no se determina a quien beneficiaran con esta concesión, la desproporción de las prioridades del gobierno de Ana Laura González Abrego se ha hecho evidente.

La decisión ha sido calificada como una traición a las mujeres en los tiempos donde irónicamente por primera vez el poder municipal está a cargo de una alcaldesa.

El gobierno estatal panista a cargo de la panista María Eugenia Campos ha confirmado a través de la fiscal de la FEM esta petición del desalojo de las oficinas de la Fiscalía de la Mujer. Con la medida se estaría dejando en una aparente indefensión a las víctimas de violencia, fuentes al interior de la dependencia aseguran que ya se está en vías de tener un nuevo local donde se pueda seguir atendiendo a las víctimas sin dilaciones.

La historia de la alianza en favor de las mujeres inicio en el trienio municipal pasado con un acuerdo del entonces presidente municipal priista Julio César Chávez quien facilitó un espacio en el edificio de la presidencia, buscando con ello impulsar la colaboración con la FEM y reducir con ello, mediante la atención a víctimas de delitos de género y familia. La preocupación eran los altos índices que se tienen ya que actualmente ocupa el quinto lugar estatal en casos.

Este esfuerzo significó, no solo un espacio físico para atender a las mujeres que solicitaban apoyo, sino el compromiso con la erradicación de la violencia de género en la región. Sin embargo, esa labor de relevancia para ese sector vulnerable de la comunidad, tres años después se ve afectada por la decisión unilateral asumida por la actual administración morenista.

La Lic. Alma Benítez, actual fiscal de la FEM, ha manifestado su firme compromiso con las víctimas, a pesar del actual abandono por parte del gobierno municipal. “Nos han despojado de un recurso básico para nuestra labor, sin respetar el acuerdo de comodato ni la urgencia del contexto”, afirmó con tristeza.

La falta de coordinación entre la fiscalía y la instancia de la mujer municipal, encabezada por Omilba González ha sido un factor que ha impactado negativamente en la atención a mujeres en situación de violencia.

La exigencia de desalojar esas oficinas por parte del municipio no fue una simple medida administrativa; para muchas mujeres, fue un golpe devastador.

En un municipio donde la violencia contra la mujer está en auge, y donde los datos indican un marcado foco rojo, la decisión de la presidenta de ceder el espacio a una cafetería resulta incomprensible e indignante. Las mujeres de Guadalupe y Calvo se sienten traicionadas, sorprendidas de que su propia presidenta priorice un negocio antes que la seguridad y bienestar de sus ciudadanas.

Para agravar aún más la situación, funcionarios municipales han sido acusados de ejercer un trato despectivo hacia el personal de la FEM, hasta el punto de prohibirles el uso de los baños en las instalaciones.

La falta de respeto se ha exacerbado con la exigencia de abandonar el inmueble sin seguir el debido proceso que debería implicar una sesión de Cabildo formal, evidenciando la falta de sensibilidad institucional.

Las instalaciones que alguna vez significaron refugio y apoyo ahora se sientan vacías, las necesidades de procuración de la justicia para las mujeres en Guadalupe y Calvo quedaron en el olvido. La alcaldesa Ana Laura González ha decidido ignorar el clamor de una población que pide protección y atención. En su lugar, ante la mirada atónita de sus vecinas, prefiere crear un espacio para el comercio, mostrando una alarmante desconexión con las realidades que enfrentan las mujeres en su municipio.

Esta decisión, en un contexto donde la violencia hacia la mujer se intensifica sin cesar, es un claro indicativo de prioridades equivocadas. La reconsideración de la postura por parte de la autoridad municipal está en el ambiente de quienes han sido atendidas por esta instancia que piden se restablezca el compromiso con quienes más necesitan su apoyo.

La lucha por la seguridad y los derechos de las mujeres no puede ser relegada a un segundo plano; es hora de que se escuche el clamor de la comunidad y se priorice su bienestar por encima de intereses comerciales