Santiago Flores explicó que la decisión de ocupar los inmuebles responde a una demanda de más de una década. Según señaló, aunque la mayoría de los docentes solicitaron vivienda hace 10 años, los precios eran inaccesibles, con cotizaciones que superaban el millón de pesos. Ante la falta de respuesta durante este tiempo, la asamblea magisterial optó por buscar directamente al director de Pensiones Civiles del Estado, Heriberto Miranda Pérez, para formalizar la compra de estas propiedades.

Será un juez quien determine el costo de los 70 terrenos y las 129 casas abandonadas. Se busca que la adquisición se ajuste al presupuesto económico de los maestros, ya que muchos enfrentan situaciones críticas, como falta de recursos o problemas de salud.

Finalmente, el profesor Flores, informó que este miércoles viajará la comisión a la ciudad de Chihuahua para recibir un amparo colectivo y así ninguna autoridad pueda interferir ni desalojar de estas viviendas.