Lo que no se dice...
18 de septiembre de 2025
TERRENOS. - El asunto de los predios en Parral es interesante ya que mientras hay algunos que pagan por tener uno y no lo reciben, hay otros vivales que no pagan nada y se apropian del que esta afuera de su casa, aunque se trata de predios de la comunidad, en tanto la autoridad municipal se niega a cumplir con su deber de actuar.
INVASION. - En el tema de extralimitarse en sus funciones también se incluye la inacción que se promueve para atender una resolución judicial en torno a una vivienda de la Colonia Las Fuentes tercera etapa, la cual se apropió de áreas verdes municipales.
VARIOS. - Se trata de varios casos en una misma colonia, pero el municipio prefiere darle la vuelta antes que actuar. Los excesos de ciertos vecinos —que se han adueñado impunemente de áreas verdes comunitarias se han topado no con la aplicación de la ley, sino con el congelador institucional del Ayuntamiento.
CONDICION. - Los casos son documentados, visibles y hasta judicializados. Uno de ellos, incluso, ya cuenta con resolución de un juez ordenando la devolución al municipio de un área verde invadida por un particular. El ciudadano en cuestión extendió su vivienda a terrenos que no le pertenecen, arrebatando un espacio de la comunidad, en un acto que califica como apropiación indebida.
POLVO. Sin embargo, el expediente se encuentra empolvándose en los cajones de la Secretaría del Ayuntamiento, a cargo de Jorge Cordero Burciaga, donde el asunto simplemente no avanza. Las razones no son legales, son políticas. Se está aplicando la vieja estrategia de “dejar que se enfríe”.
HISTORIA. - No es un caso aislado. En esta misma colonia y en fraccionamientos aledaños, durante la administración pasada, se consolidaron actos de despojo perfectamente identificables: familiares del entonces presidente municipal recibieron predios originalmente etiquetados como áreas verdes. Más grave aún, familiares de la ex síndica municipal también expandieron sus propiedades, incluso invadiendo predios privados de los que hay denuncias.
PERMISIVO. - La política de omisión tiene consecuencias reales: los espacios públicos están desapareciendo, convertidos en patios, cocheras y construcciones privadas. Este fenómeno no solo representa una violación al orden urbano y a los derechos comunitarios, sino que también mina la confianza ciudadana en sus instituciones.
REALIDAD. - Mientras la presidencia municipal —particularmente la Secretaría del Ayuntamiento— no haga valer la resolución judicial que ya tiene en sus manos, se convertirá en co-responsable de este despojo.
PREVENCION. - Además, cabe señalar que esta situación podría evitarse si el propio municipio asumiera activamente la conservación y uso de las áreas comunes. Si estas fueran acondicionadas, mantenidas y supervisadas por la autoridad local, los particulares no tendrían margen para apropiárselas con la facilidad con la que hoy lo hacen. La desidia también es una forma de corrupción, una más sutil, pero igual de peligrosa. Y en este caso, tiene nombre y dirección.
Desde la Rumorosa…
ALCALDIA. - La Dirección de Obras Públicas del municipio está entrando a una zona crítica. Lo que parece un cúmulo de errores administrativos y técnicos ya se torna en un problema de percepción pública que va de la pérdida de confianza a los reclamos vecinales directos.
VIGILANCIA. - La titular de la dependencia, Alejandra Márquez, enfrenta hoy dos crisis que, si bien son distintas en su origen, comparten un denominador común: la improvisación, la falta de asesoría local y decisiones unilaterales que afectan a terceros.
PROBLEMA. - El primer caso sucedió la semana pasada en la Colonia Morelos, muy cerca de la vialidad Ferrocarril, donde una queja vecinal fue suficiente para que la maquinaria del municipio se activara y, sin proceso de verificación comunitaria ni consulta entre los involucrados, se destruyera una obra vecinal: una retenida de concreto que también funcionaba como base para un área verde construida por el resto de los vecinos.
ARGUMENTO. - Para poder actuar bastó una sola queja, pero no se transparentó ninguna revisión técnica, ni dictamen jurídico, ni acta de inspección. Solo la queja… y la acción.
MOLESTIA. - Los vecinos afectados son más, y tienen un punto válido: el municipio actuó sin consultar, sin avisar y sin escuchar. La participación ciudadana es uno de los pilares de la administración pública moderna pero aquí había opiniones encontradas.
CONTRASTE. - Mientras que en esa zona se actúa con prontitud extrema, en otras la pasividad es abrumadora. Por ejemplo, la cancha entregada hace tres meses a una escuela local no ha podido ser utilizada porque tiene un desnivel de dos metros, un error técnico que compromete su funcionalidad y pone en duda el tipo de supervisión que tiene la obra.
AUSENCIA. - Hasta el día de hoy, la alcaldía no ha regresado a corregir la falla, a pesar de que fue una inversión pública y un compromiso político con la institución educativa.
MAL.- Este tipo de contradicciones son las que erosionan la credibilidad institucional: rapidez para destruir lo ajeno, lo de los vecinos y lentitud para resolver lo propio.
GRAVE. - No es difícil inferir que la Dirección de Obras Públicas parece no tener un protocolo claro para atender quejas ciudadanas, lo que abre la puerta a arbitrariedades y conflictos comunitarios innecesarios.
SITUACION. - Más allá de los hechos puntuales, lo que aquí se pone en juego es algo más profundo: la gobernanza local, la legalidad de los actos administrativos y la necesidad urgente de que las decisiones públicas se acompañen de criterios técnicos, legales y sociales bien fundamentados.
DIRECTORA. - La titular del área, tiene la responsabilidad de conformar un equipo que no solo entienda de obras, sino que conozca el contexto local y sepa cómo operan las dinámicas vecinales. No se puede gobernar desde el escritorio, ni con asesores improvisados, ni mucho menos con base en ocurrencias.
CONCLUSION. - Las consecuencias están a la vista: obras inservibles, vecinos enfrentados y un municipio con desgaste que se convierte en un costo político alto por carecer de procedimientos claros y técnicos a toda prueba. Tan solo se trata de garantizar que las decisiones se tomen con base en evidencia, consulta y procedimientos y dejar de lado la política de ¡Tumbo, luego existo y averiguo!
