Lo que no se dice...
17 de diciembre de 2025
SALIDA. – Apuntes y Reflexiones en torno a una sociedad flagelada por la violencia galopante, la mirada desapegada de autoridades incapaces de garantizar su propia seguridad, ¡menos las del resto de la población! Y de una gravísima normalización de las condiciones de inseguridad que se consolida como una tendencia cultural que capta la atención en grado de entrenamiento.
VIOLENCIA. - Lo ocurrido ayer en Santa Bárbara no es un hecho menor ni un episodio aislado que pueda archivarse con un boletín escueto, más bien se trata de la continuación de la zaga de hechos delictivos-violentos que han mantenido en jaque las comunidades de la región sur del estado.
RECUENTO. - Siete agentes de la Policía Estatal fueron secuestrados, golpeados y puestos a merced de la delincuencia organizada. Ese solo dato debería encender por sí solo todas las alarmas. No por lo espectacular del suceso, sino por lo que revela y confirma: la fragilidad del Estado frente al crimen.
RESPUESTA. - Desafortunadamente no es la primera vez que sucede una situación de esta magnitud o mayor. En la región todavía se recuerda un hecho similar ocurrido en El Vergel, donde también los cuerpos de seguridad fueron superados, estuvieron a merced de los criminales. La diferencia es que hoy el contexto es más grave, porque los episodios se acumulan y la respuesta institucional sigue siendo la misma: contención discursiva y nulos resultados visibles.
REALIDAD. - El problema de fondo es aún más inquietante. Las autoridades encargadas de garantizar la seguridad no logran ni siquiera protegerse a sí mismas. Si los policías pueden ser levantados, desarmados y golpeados sin consecuencias claras para los responsables, la pregunta es inevitable: ¿qué puede esperar la sociedad civil?
DESMEMORIA. - Fingir demencia no es opción. En cada municipio de la región viven y residen policías, funcionarios estatales, municipales y federales que son testigos cotidianos del crecimiento del flagelo delincuencial y pese a ser parte del equipo de la “solución” no oyen ni escuchan pese a que lo ven, lo saben y lo padecen. El demérito de quienes combaten al crimen también es evidente. Cuando los resultados no llegan, simplemente no existen.
HISTORIAS. - El recuento de los daños es demoledor. En Guadalupe y Calvo se registraron enfrentamientos, múltiples personas perdieron la vida, hubo agentes lesionados e incluso un general herido, y, sin embargo, ¡¡¡no hay un solo detenido!!! En Guachochi, en un solo evento, ocho personas fueron ultimadas, y ningún responsable pisa la cárcel o es llevado a juicio. En Parral, otras ocho personas fueron asesinadas durante carreras de caballos, y el expediente sigue vacío de culpables. Madres lloran la ausencia de sus hijos que son desaparecidos y no saben de ellos, la autoridad no se los trae. Policías que atestiguan la muerte de ciudadanos de bien que guardan silencio cómplice.
VIGILANCIA. - Mas aun; esta semana que acaba de terminar en Guachochi, el arco centinela, que es el programa emblema de la seguridad en el estado de Chihuahua, fue derribado y robado por la delincuencia organizada ¡y eso que hay mucha presencia policial en aquel lugar! Obvio, de autores y detenidos, mejor ni hablar, ¡no hay!
IMPUNIDAD. - La constante es clara: violencia sin consecuencias. En ese escenario, el caso de Santa Bárbara no es una excepción, sino un síntoma. Un síntoma de una estrategia que no disuade, no contiene y no castiga. El Estado pierde su capacidad de imponer consecuencias y también pierde autoridad, aunque conserve el uniforme y el discurso.
SOCIEDAD. - La sociedad civil observa, acumula miedo y, poco a poco, pierde confianza. Porque si los policías pueden ser secuestrados a plena luz del día y torturados para luego ser liberados como si nada, el mensaje es brutal: el crimen decide cuándo actúa y cuándo se retira.
CONDICION. - No se trata de un asunto circunstancial ni de mala suerte operativa. Se trata de una crisis de resultados. En seguridad pública, las explicaciones no sustituyen a las detenciones, ni los comunicados reemplazan a la justicia. Mientras eso no ocurra, la pregunta seguirá flotando en el aire, cada vez con más fuerza: si el Estado no puede proteger a los suyos, ¿a quién está protegiendo?
