ATASCADEROS. - Este lunes pudiera darse el retorno de algunos de los hijos errantes de Atascaderos en una caravana que bien puede ser de la esperanza… o la evidencia del abandono

ACCIONES. - Tras los trabajos iniciados en la mesa de seguridad de hace una semana en Atascaderos se empezó a articular el estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, es decir lo sucedido en esa sesión fue como una rehabilitación ante la atrofia severa que se reclama en todo el territorio nacional, pero que empezara a actuar en la zona limítrofe del triángulo dorado de la producción de droga y delincuentes más poderosa del norte de Mexico.

ANUNCIO. - El retorno de los hijos errantes de Guadalupe y Calvo comenzará este lunes. Bajo “las máximas medidas de seguridad”, los desplazados de Atascaderos podrían iniciar el regreso a su comunidad con el respaldo logístico del Estado. Habrá camiones para quienes deseen volver, combustible para quienes lo hagan por sus propios medios, se pretende integrar una caravana que sea custodiada por fuerzas de seguridad que partirá desde Parral o Chihuahua hasta su casa como destino final.

CONDICION. - El compromiso, al menos en el discurso, es contundente: más de cien elementos policiales y un contingente similar de militares permanecerán en la zona para garantizar la seguridad durante el tiempo que sea necesario. A simple vista, el anuncio podría parecer una respuesta institucional eficaz. Incluso habría motivos —en apariencia— para felicitar a un sistema de gobierno que reacciona ante la crisis y se compromete con las causas ciudadanas... Pero las apariencias engañan.

RECLAMO. - La primera pregunta que surge desde el más elemental sentido común es inevitable: ¿por qué hasta ahora? La crisis de Atascaderos no comenzó el día que los habitantes salieron huyendo. Tampoco cuando las primeras familias desplazadas llegaron a Parral o Chihuahua, huyeron en grupo y por su cuenta, cada quien como podía y con lo que llevaba puesto, fue un acto público, notorio, osado, ¡de sobrevivencia!

CONDICION. - El estado de sitio llevaba meses. Meses de opresión, de amenazas, de violencia latente y de una comunidad atrapada entre el miedo y el abandono institucional, sin que nadie hiciera nada por ayudarlos, se convirtieron en la “locación” de la guerra de los grupos delincuenciales que se disputan un territorio, burlándose con ello del discurso nacionalista y de soberanía que mantiene el gobierno federal como insignia de incongruencia entre lo que se dice y se hace.

CULPAS. - En este entramado de condiciones adversas para la población civil, el primer respondiente en una situación así es el municipio, al menos debería haber sido de esta forma, pero la realidad otra vez supera el mandato constitucional.

RECLAMO. - El gobierno municipal de Guadalupe y Calvo, encabezado por la morenista Ana Laura González Abrego se quedó corta otra vez durante todo ese tiempo no hubo denuncias contundentes ni gestiones efectivas para visibilizar la gravedad del problema. El silencio fue la constante.

DEFENSA. -Paradójicamente, la reacción institucional más visible ocurrió cuando la crisis tocó la cabecera municipal y la seguridad de la propia alcaldesa se vio comprometida. Entonces sí hubo gestión: un contingente de la Guardia Nacional llegó para protegerla, no para el pueblo, ¡solo a ella! su resguardo de seguridad es permanente incluyendo el servicio que se brinda en fiestas y actividades personales de la presidenta que el resto del pueblo no puede tener no solo por falta de recursos económicos, sobre todo por la falta de seguridad.

VERDE. - El Ejército, por su parte, tampoco ha tenido margen amplio de acción. La doctrina que durante años se ha sintetizado en la frase “abrazos y no balazos” sigue marcando el tono de la intervención. La instrucción es clara: repeler agresiones cuando la seguridad de las fuerzas armadas esté en riesgo y solo con intención de amedrentarlos.

CONDICION. - Los enfrentamientos entre civiles pueden ocurrir incluso cerca de instalaciones militares o durante recorridos de vigilancia sin que exista una intervención directa. Es una realidad operativa que limita la capacidad de reacción frente al control territorial de los grupos criminales.

ESTADO. - El gobierno estatal tampoco queda exento de responsabilidad. El sistema de seguridad pública de Chihuahua no atendió oportunamente el estado de sitio que se vivía en Atascaderos y otras comunidades serranas. Durante meses, la presencia institucional fue más visible en el terreno mediático que en el operativo. La figura del secretario de Seguridad, Gilberto Loya, ha tenido mayor presencia en la agenda pública y en el terreno político que en los resultados tangibles en materia de prevención en regiones como la sierra.

FALLIDO. - En conjunto, los tres órdenes de gobierno terminan representando una postal incómoda: la materialización de un Estado fallido que en materia de seguridad llega tarde, reacciona cuando la crisis ya explotó y actúa sólo cuando el desplazamiento humano hace imposible ocultar la realidad.

PARCHE. - Las acciones remediales como la caravana de retorno no son necesariamente una garantía de solución. Son, en sí mismas, un recordatorio del fracaso previo. Si la seguridad hubiera existido desde el principio, no habría sido necesario organizar caravanas para que la gente volviera a su “normalidad”.