Héctor Chávez

En los últimos días, la ciudad de Los Ángeles se ha convertido en epicentro de un duro enfrentamiento en torno a la política migratoria de Estados Unidos. Todo inició el viernes 6 de junio de 2025, cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), apoyados por otras agencias federales, lanzaron una serie de redadas masivas en distintos puntos de la ciudad. Dos operativos en el centro angelino desembocaron en choques tensos con activistas pro-inmigrantes que intentaron intervenir en defensa de los trabajadores detenidos. Videos captaron escenas dramáticas: agentes federales persiguiendo a personas en el estacionamiento de un Home Depot en Westlake (cerca del centro de LA) y en otros sitios, mientras vehículos blindados y oficiales con uniforme de camuflaje usaban gases para dispersar a manifestantes.

Las escenas de las redadas recordaron tácticas propias de operativos contra criminales peligrosos, pero esta vez los objetivos eran trabajadores indocumentados. En un negocio del distrito de la moda (Garment District), agentes antidisturbios irrumpieron en una tienda de ropa y detuvieron a todos los trabajadores, esposándolos mientras decenas de personas se congregaban afuera en protesta. Muchos testigos levantaron sus teléfonos móviles para grabar el momento en que sus vecinos y colegas eran llevados en custodia. Para el final de ese día, decenas de inmigrantes habían sido detenidos; solo de nacionalidad mexicana fueron 42 connacionales arrestados en estos operativos.

Las redadas de Los Ángeles no fueron eventos aislados ni pacíficos. Provocaron de inmediato protestas espontáneas en la ciudad santuario. Grupos de activistas, líderes comunitarios e incluso transeúctes indignados se enfrentaron verbalmente a los agentes federales, bloqueando entradas y demandando el cese de las detenciones. En Nueva York, por ejemplo, cientos de personas marcharon ondeando banderas mexicanas, puertorriqueñas, peruanas, colombianas e incluso palestinas al grito de "¡ICE, pa’ fuera!" y "¡Chinga la migra!", en repudio a las redadas de California.

La respuesta de las autoridades locales de Los Ángeles fue de enérgica condena. La alcaldesa Karen Bass declaró: "Como alcaldesa de una ciudad orgullosa de su población inmigrante, estoy profundamente indignada y entristecida por lo que sucedió". Calificó las acciones federales como tácticas que siembran terror en nuestras comunidades. El jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, aclaró que el LAPD no participó en absoluto en la operación federal y que la noticia de las redadas le tomó por sorpresa. Once de los quince miembros del Ayuntamiento emitieron un comunicado conjunto condenando los operativos como un ataque indiscriminado contra niños y familias.

Durante una de las redadas, el presidente del sindicato SEIU California, David Huerta, fue detenido violentamente mientras monitoreaba el actuar de los agentes. La detención de un líder sindical destacado dejó en claro el clima de represión que acompañó estos operativos. La directora ejecutiva del sindicato exigió su liberación inmediata.

Desde Washington, la reacción fue diametralmente opuesta. El Departamento de Seguridad Nacional acusó a los participantes en las protestas de ser criminales violentos y lamentó que el LAPD tardara dos horas en responder a los supuestos ataques contra instalaciones federales. Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, culpó directamente a líderes demócratas de alentar la violencia con su retórica. Incluso se desplegaron más de 4,000 elementos de la Guardia Nacional y 700 infantes de marina para contener las protestas, pese a la objeción de autoridades locales.

En este contexto, estalló otro escándalo: el exembajador de EE.UU. en México y actual subsecretario de Estado, Christopher Landau, anunció en redes sociales que había ordenado cancelar la visa de la consejera estatal de Morena en Jalisco, Melissa Cornejo, por publicar una imagen de un manifestante ondeando una bandera mexicana frente a un vehículo de ICE calcinado con un graffiti que decía "Fk ICE", acompañado del comentario "Viva la raza y métanse mi visa por el cu". Landau replicó que, aunque ella no tenía una visa vigente, no sería bienvenida en Estados Unidos.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras sectores conservadores aplaudieron la postura de Landau, muchas voces calificaron su acción como censura y extralimitación diplomática. La politóloga Denise Dresser cuestionó la dignidad de un funcionario que presume castigos por diferencias ideológicas. El caso ejemplifica la intolerancia del gobierno estadounidense hacia críticas externas: una forma de censura extraterritorial que raya en la intimidación política.

A diferencia del Artículo 33 de la Constitución mexicana, que impide a extranjeros intervenir en política solo dentro del país, Estados Unidos pareciera castigar críticas emitidas desde el extranjero, sentando un precedente peligroso. Este enfoque contradice los valores democráticos que tanto se promueven desde Washington.

Incluso corporaciones globales han manifestado su oposición. Los dueños de Walmart, una de las cadenas más poderosas del mundo, respaldaron el movimiento internacional "NO KINGS", que defiende la dignidad de los trabajadores migrantes y denuncia el uso autoritario del poder. "Nadie debe ser tratado como súbdito de un sistema que criminaliza la necesidad de migrar", afirma el manifiesto del movimiento. Este respaldo corporativo es una señal contundente: ni siquiera la élite económica respalda el uso de la ley como herramienta de persecución o censura.

El gobierno mexicano, por su parte, informó que los 42 mexicanos detenidos en las redadas recibirán apoyo legal y consular inmediato. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que toda manifestación debe ser pacífica, pero también instruyó a la cancillería a defender a cada connacional cuyos derechos sean vulnerados.

Los hechos ocurridos en estos días evidencian la creciente hostilidad hacia los migrantes y también hacia las voces que desde el extranjero se atreven a criticarla. Es necesario alzar la voz, no solo en defensa de los derechos de los migrantes, sino también del principio fundamental de la libertad de expresión. Que nadie sea silenciado por denunciar abusos. Que la justicia no tenga fronteras. Que la dignidad humana, con o sin papeles, sea siempre defendida.