Ortega subrayó que la cooperación internacional en materia de seguridad es válida, pero debe apegarse estrictamente al marco legal vigente. En ese sentido, recordó que “no se contempla, en ningún caso, que puedan ejercer funciones operativas reservadas a las autoridades nacionales,” por lo que resulta indispensable precisar la naturaleza de su presencia en territorio nacional.

Asimismo, advirtió que “la ausencia de claridad sobre los mecanismos de autorización, coordinación y supervisión de la participación extranjera constituye un elemento que no puede ser ignorado”, solicitando a las autoridades informar qué acuerdos, convenios o entendimientos han sido suscritos con instancias del gobierno de Estados Unidos, bajo qué condiciones se autorizó el ingreso de agentes extranjeros, qué funciones desempeñaban y por qué dicha participación no fue informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores conforme a lo establecido por la ley.

Finalmente, se subrayó que “la cooperación internacional debe ser una herramienta que sume capacidades, no un factor que genere incertidumbre,” por lo que se exigió transparencia y claridad en un tema que impacta directamente la seguridad pública, la legalidad y la soberanía del Estado mexicano.