Chihuahua, Chih.- En un posicionamiento de fuerte contenido político, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, advirtió que la soberanía nacional y la relación estratégica de México con Estados Unidos enfrentan uno de sus momentos más delicados, al tiempo que responsabilizó al gobierno de Morena de generar las condiciones que han propiciado cuestionamientos internacionales sobre la seguridad en el país.

La mandataria estatal afirmó que en las últimas semanas se ha intensificado el debate en Estados Unidos sobre la posibilidad de emprender acciones unilaterales contra organizaciones criminales que operan en territorio mexicano, así como sobre las implicaciones que la crisis de seguridad podría tener en la revisión del T-MEC.

Campos sostuvo que rechaza de manera categórica cualquier intervención militar extranjera en México y aseguró que la defensa de la soberanía nacional debe ser una prioridad innegociable.

“Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices. Soy mexicana, gobernadora de un gran estado fronterizo, y la integridad de nuestro territorio no se negocia”, expresó.

Sin embargo, señaló que la situación actual no puede analizarse sin considerar lo que calificó como una política de protección a funcionarios y actores políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado.

La gobernadora acusó al gobierno federal de permitir escenarios de impunidad al no proceder contra personajes que han sido señalados por autoridades estadounidenses, situación que, afirmó, ha debilitado la confianza institucional y el Estado de derecho.

Durante su mensaje, también cuestionó la actuación de las autoridades encargadas de procurar justicia y aseguró que existe una aplicación selectiva de la ley que persigue a adversarios políticos mientras omite investigar a quienes enfrentan acusaciones relacionadas con actividades delictivas.

Campos argumentó que la verdadera defensa de la soberanía no consiste únicamente en pronunciamientos políticos, sino en garantizar el cumplimiento de la ley y combatir cualquier vínculo entre la actividad pública y el crimen organizado.

Asimismo, pidió al gobierno federal reflexionar sobre las consecuencias que podrían derivarse de una eventual ruptura en la relación bilateral con Estados Unidos, especialmente en materia económica y comercial.

La mandataria advirtió que una afectación al T-MEC tendría repercusiones directas sobre millones de empleos y familias mexicanas, particularmente en estados fronterizos como Chihuahua, cuya economía depende en gran medida de la integración comercial con el vecino país.