MAGISTRADOS.- Vaya que le está saliendo caro el cambio de domicilio a los dos magistrados que decidieron mudarse, con todo y salas regionales, de Parral a la capital del estado. Yamil Athie y María Elizabeth Macías quizá calcularon la distancia en kilómetros, pero parece que no calcularon la distancia política. Porque una cosa es mover oficinas y otra, bastante distinta, mover una estructura judicial que durante años tuvo su razón de ser en esta región.

CONSENSOS.- Antes de concretarse el traslado se presumió que existía consenso con los sectores de Parral. Incluso, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Marcela Herrera, estuvo en una reunión con integrantes de FICOSEC y otros representantes, sin que en ese momento apareciera una rebelión organizada. El problema es que, con el paso de los días, los supuestos respaldos se fueron evaporando como agua en verano. Ahora los magistrados debieran  buscar a quienes les dieron el aval como se lo expresaron para que salgan a defenderlos frente a las llamadas fuerzas vivas, pero hasta ahora esos padrinos políticos y sociales no aparecen por ningún lado.

DIÁLOGO.- Las organizaciones empresariales, de abogados y de profesionistas interesados en el tema tanto de parral como de otros municipios como Jiménez, pidieron una reunión con la presidenta del Tribunal para intentar resolver el asunto por la vía institucional.

DUDA.- No se trata, al menos en apariencia, de una grilla de colores partidistas, sino de una pregunta bastante sencilla: ¿qué necesidad operativa había de sacar las salas de Parral? Porque si la respuesta termina siendo que los magistrados pueden trabajar desde cualquier parte, entonces habría que preguntar por qué no se decidió que trabajaran desde la comodidad de su casa, con la computadora en la sala y el expediente en la mesa del comedor.

COMODIDAD.- Y aquí está precisamente el meollo. La discusión parece haberse concentrado más en la comodidad de quienes ocupan las magistraturas que en las necesidades de quienes requieren justicia. Mientras los magistrados defienden su derecho a estar donde consideran conveniente, en Parral se patentizó otra necesidad que tampoco ha sido atendida por el Tribunal Superior de Justicia, se trata de los juzgados de primera instancia y que son insuficientes.

AGREGADO.- Las audiencias penales se siguen retrasando, algunos casos ya enfrentan programación hasta diciembre o incluso fechas posteriores debido a la falta de jueces. Es decir, el problema no solo es dónde se sientan los magistrados, sino dónde se quedan los ciudadanos cuando necesitan que un juez de primera instancia atienda su caso.

CATAPIXIA.- En medio de la presión surgió una propuesta que parecía sacada de una negociación de mercado: dos plazas de jueces para la región a cambio de que bajara la exigencia por las salas. El detalle es que la justicia no debería funcionar mediante intercambios de “te doy dos juzgados si me dejas mi sala donde está”. Los juzgados no son fichas de dominó ni las salas regionales premios de consolación. Si hacen falta jueces, deben asignarse porque hacen falta, no porque alguien quiera apagar una protesta.

LEGALIDAD.- Tampoco es menor el debate sobre las facultades para mover una sala regional. Una cosa es cambiar la adscripción de un magistrado y otra muy distinta modificar la sede de una estructura judicial. Ahí está buena parte del problema que ahora deberá resolverse por las vías legales. Ya existen amparos promovidos por abogados y la Cámara de Comercio también decidió entrar al litigio. Empresarios y abogados coincidiendo en un expediente judicial es significativo y un referente de que la decisión administrativa de la reubicación de las salas no dejó precisamente una alfombra roja a su paso.

ELECCIÓN.- La polémica también puso sobre la mesa un asunto más incómodo: los efectos de la primera elección judicial. La llegada de magistrados y jueces mediante procesos donde el componente de popularidad, relaciones políticas y exposición pública tuvo un peso considerable abre ahora preguntas que antes parecían innecesarias. ¿Qué pasa cuando un funcionario electo no quiere aceptar la adscripción que le corresponde? ¿La democracia judicial también incluye escoger dónde trabajar? Porque si así fuera, pronto podríamos terminar organizando la justicia con catálogo de destinos: “magistratura en Chihuahua, excelente ubicación; juzgado en Parral, sujeto a disponibilidad”.

PREPARACIÓN.- Y aquí aparece un problema todavía más serio. Se han multiplicado las quejas sobre el desempeño de algunos jueces que llegaron a sus cargos sin la experiencia suficiente para enfrentar la responsabilidad que tienen encima. No se trata de cuestionar a una persona por su nombre, sino de preguntarse si los mecanismos de selección fueron realmente capaces de acreditar conocimientos, trayectoria, criterio jurídico, disposición para desempeñar el cargo donde se le requiera además de experiencia profesional. Porque una cosa es ganar una elección y otra muy distinta es saber impartir justicia.

TRAYECTORIA.- El Poder Judicial no debería convertirse en una extensión de las carreras políticas ni en una recompensa para personajes con relaciones partidistas. Tampoco debería ser refugio para abogados sin trayectoria suficiente o para quienes mantienen vínculos demasiado estrechos con antiguos despachos y grupos de poder. La justicia exige independencia, pero también conocimiento, experiencia y criterio. El expediente de un ciudadano no puede convertirse en campo de aprendizaje de quien apenas está descubriendo cómo funciona el cargo.

INFLUENCIAS.- Y si las versiones sobre jueces que mantienen relaciones con sus antiguos despachos, abogados que antes litigaban y ahora resuelven, o funcionarios que llegan con compromisos políticos terminan comprobándose, entonces el problema será mucho mayor que el traslado de dos salas regionales. La ciudadanía no necesita jueces populares: necesita jueces capaces. No necesita magistrados cómodos: necesita magistrados eficientes y dispuestos al servicio donde fueron asignados. Y, sobre todo, no necesita que la justicia tenga padrinos.

PARADOJA.- Es lamentable es que las salas regionales de Parral hayan terminado siendo noticia por el pleito generado alrededor de su traslado y no por la eficiencia de su trabajo. Después de todo, una institución judicial debería ser noticia porque resuelve, porque desahoga expedientes y porque acerca la justicia a la gente. Aquí, en cambio, se consiguió algo bastante peculiar: trasladar las salas y, al mismo tiempo, trasladar el problema a la opinión pública.