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Lo que no se dice...

12 de agosto de 2026
Lo que no se dice...
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CAMPAÑAS.- Mientras los candidatos virtuales de los diferentes partidos se visten de defensores de lo que sea y se mueva mantienen su ritmo de posicionamiento de imagen y secuestro de candidaturas, las autoridades electorales se declaran rebasadas por las lagunas de ley que permiten la existencia de este fenómeno.

REVUELO.- En medio de este revuelo, se habla y dice de muchas problemáticas, pero hasta ahora ningún aspirante ha prometido desterrar a la delincuencia que mengua a la sociedad y hasta ha cambiado el estilo de vida.

TIEMPOS.- Así por ejemplo, algunos propietarios de vehículos pensaron mas de dos o tres veces que tipo de camioneta comprar, antes de elegir la definitiva y muchos de ellos tomaron en cuenta las que les gestan a los malandros, para no adquirirlas, aunque fueran su propia elección, por temor a ser despojados o tener alguna incomodidad. Los viajes que se hacen por el territorio estatal, tienen horas predispuestas porque hay la percepción de que en tiempos nocturnos el riesgo aumenta. Cierto o no, es el temor social que existe ante un vacío de poder en los tres niveles de gobierno.

DISCURSO.- Ante esta condición lacerante, el votante está esperando la mejor oferta, aquella que le convenza, pero sobre todo que toque los temas que le interesan y por supuesto que su abordaje sea acompañado de propuestas de solución y no solo criticas para los que no han podido con el paquete.

PENDIENTE.- Es fácil vaticinar que la gran asignatura pendiente de los gobiernos, los que están y los que aspiran a llegar, seguirá siendo la inseguridad. Pero no únicamente la que se mide en homicidios o aparece en los partes policiacos. Hay otra forma de violencia mucho más silenciosa, cotidiana y rentable para la delincuencia: el cobro de derecho de piso, la extorsión y el desplazamiento forzado. Son temas de los que se habla poco, quizá porque en algunas regiones decir demasiado puede resultar bastante menos saludable que guardar silencio. Se paga de manera silenciosa  para poder trabajar, producir, transitar o permanecer en su propia comunidad, es evidente que algo dejó de funcionar hace mucho tiempo en los gobiernos.

IMPUESTO.- Los nuevos recaudadores de impuestos no trabajan en oficinas de Hacienda ni entregan recibos. Cobran en efectivo, fijan tarifas y, cuando alguien se niega, disponen de mecanismos bastante más convincentes que una carta de requerimiento.

LISTADO.- En este círculo de abuso silencioso se integran Gasolineras obligadas a pagar una cantidad por cada litro vendido, productores forestales sometidos a cuotas, transportistas que deben entregar dinero para transitar y agricultores que terminan negociando con quienes deberían ser combatidos. Es una especie de SAT paralelo, solamente que éste no tiene ventanillas, no expide facturas y sus inspectores suelen portar armas.

MADERA.- En las regiones forestales la historia adquiere dimensiones todavía más preocupantes. Los grupos delincuenciales no solamente cobran a quienes explotan legalmente los recursos; también pueden controlar rutas, imponer condiciones y participar en el saqueo de madera.

MENTIRA.- El discurso oficial continúa hablando de operativos, coordinación y estrategias. El problema es que el bosque no escucha discursos y los camiones sí saben por dónde pasar. Cuando la extracción ilegal puede realizarse con relativa facilidad.

NUEZ.- Los productores de nuez también tienen su propia historia. Una cuota por kilogramo o la imposición de que determinada producción sea adquirida únicamente por quienes fijan el precio convierte al agricultor en algo más parecido a un empleado de su propia tierra. Produce él, arriesga él, invierte él y trabaja él, pero alguien más decide cuánto vale su cosecha. El mercado, en esas condiciones, deja de ser mercado y se convierte en una ventanilla clandestina donde el único precio que no se negocia es el de la amenaza.

DESPLAZAMIENTO.- En algunos lugares la situación ya es insoportable, como en su momento fue Atascaderos en Guadalupe y Calvo donde el desplazamiento es aún una herida que no cierra. Familias enteras abandonan sus comunidades porque simplemente ya no pueden vivir en ellas. No se van de vacaciones, tampoco buscan mejores oportunidades: se van porque quedarse significa asumir un riesgo que ya no están dispuestos a pagar.

DATA.- En las zonas rurales el fenómeno adquiere especial gravedad, porque perder la comunidad significa perder la casa, la tierra, los animales, las cosechas y, en muchos casos, toda una vida construida en el mismo lugar.

GUADALUPE.- Guadalupe y Calvo representa uno de los ejemplos más dolorosos de esta realidad. Allí el problema no parece ser únicamente la capacidad de las autoridades municipales para enfrentar a los grupos criminales; también existe una evidente limitación material y operativa para hacerlo.

AGREGADO.- Entonces surge una pregunta incómoda: si las corporaciones oficiales dicen controlar las carreteras y los caminos, ¿cómo se explica que existan horarios de tránsito, retenes y restricciones que no son establecidos por las autoridades? La respuesta es reveladora, ¡existe un gobierno alterno!

SILENCIO.- Lo más grave es que muchas víctimas no denuncian. Y no necesariamente porque no confíen en la autoridad, porque en algunos lugares son ellos mismos quienes les piden no denunciar porque hacerlo puede representar un riesgo adicional.

RIESGO.- Cuando el ciudadano considera que informar un delito puede poner en peligro su patrimonio, su familia o su propia vida, el problema ya no es solamente criminal: es institucional. El silencio se convierte en un mecanismo de supervivencia.


FICCIÓN.- Aquí es donde la narrativa oficial comienza a chocar con la realidad cotidiana. Podemos hablar de coordinación, estrategias, mesas de seguridad, despliegues y operativos, pero ninguna palabra institucional puede convencer a una familia desplazada de que su comunidad es segura cuando ya tuvo que abandonarla. Tampoco sirve decir que existe Estado de derecho cuando un comerciante paga una cuota para abrir su negocio, un productor entrega parte de su cosecha o un transportista necesita autorización criminal para circular.

FUTURO.- Es preocupante que quienes pretenden gobernar en los próximos años conocen perfectamente esta realidad y, sin embargo, el tema aparece con demasiada timidez en sus discursos. Quizá porque prometer acabar con la inseguridad resulta políticamente sencillo hasta que llega la hora de explicar cómo. Y ahí comienzan los silencios. Porque enfrentar al crimen organizado no es inaugurar una calle, entregar despensas ni tomarse la fotografía frente a una patrulla: implica recuperar territorios, investigar homicidios, proteger denunciantes, desarticular redes financieras y garantizar que la autoridad vuelva a ser la única que pueda imponer la ley.

REALIDAD.- México ya se acostumbró a que la delincuencia tenga sus propios impuestos, sus propios retenes, sus propias reglas de movilidad y hasta sus propios mercados. Un país donde el ciudadano paga para trabajar, producir o transitar no puede presumir plenamente de libertad. Y un Estado donde las familias tienen que abandonar sus comunidades porque alguien más decidió que ya no pueden vivir allí enfrenta algo todavía más profundo que una crisis de seguridad: enfrenta una crisis de soberanía.

ASIGNATURA.- Esa es la verdadera tarea pendiente de la política. No solamente disminuir estadísticas, sino recuperar la autoridad efectiva del Estado allí donde la perdió. Investigar los homicidios que quedaron archivados, perseguir a quienes extorsionan, proteger a quienes denuncian y devolver a los desplazados la posibilidad de regresar a sus comunidades. Mientras eso no ocurra, en el terreno seguirá mandando el mismo principio de siempre: el que tiene las armas pone las reglas. Y eso, por más que quieran maquillarlo, México no es un país libre.

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