Sota, Caballo y Rey

Estamos a 16 días de que la renovación del T-MEC se decida. Y México insiste en pagar el costo político de proteger a los ocho acusados que siguen aquí, igual pretenderán hacer con lo que viene. Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa por Morena, de conspirar con el Cártel de Sinaloa. La Fiscalía de Nueva York sostiene que Los Chapitos lo ayudaron a ganar en 2021 mediante robo de urnas e intimidación a opositores, que ameritarían en USA, penas de hasta cadena perpetua. La petición de detención preventiva ha llevado al límite la relación bilateral.

La respuesta no fue institucional, fue partidista. El gobierno dijo que la petición no traía pruebas y Rocha aseguró que no pasaría nada, y Morena cerró filas contra la extradición y la presidente minimizó a una oficinita de NY las imputaciones propiciando la crisis binacional. 

Es la misma línea de 2024, cuando los gobernadores morenistas firmaron un desplegado para arropar a Rocha Moya. Blindar sin deslindar se lee en Washington como confesión de impunidad. 

Esa señal cae justo cuando el tratado se juega. El T-MEC prevé revisión desde el 1 de julio, y si no hay consenso cualquiera puede activar un retiro de 10 años. Trump ya avisó que no busca renovarlo y repite que México está controlado por los cárteles. Sheinbaum responde con soberanía, rechazando trabajar en conjunto con los agentes estadounidenses, pero hay predicciones serias como la de Bloomberg Línea que advierte que el destino del T-MEC y de Morena depende de lo que haga con Rocha. Analistas anticipan que, sin renovación, iremos a revisiones anuales hasta 2029, el escenario ideal para presionar cada año, lo cual es igual a incertidumbre y menos inversión.

El precio es brutal. Sheinbaum defiende el tratado porque mueve 1,3 billones de dólares al año. Sin la certidumbre de los 16 años, la inversión automotriz, de acero y en el agro se congela, los contratos se acortan y el costo de capital sube. Subir las reglas de origen, como quiere Washington, es darle un balazo en el pie a la competitividad regional. 

Y mientras defendemos acusados, el Congreso eliminó INAI, IFT y COFECE, los contrapesos que el propio T-MEC exige. Es darles argumentos en bandeja de oro.

No hay dos soberanías. O México protege a sus políticos señalados por narcotráfico, o protege el acuerdo que paga empleos, asegura exportaciones y genera estabilidad. Seguir en la línea actual no es patriotismo, es elegir la ruta más costosa: dejar el tratado moribundo, ir a revisiones anuales y ser una economía rehén de la Casa Blanca.