Sota, Caballo y Rey

El ejercicio del poder incuba y siembra una maldición histórica. Nada parece cambiar en quienes acceden a la presidencia de la República; siempre se dejan atrapar por lo que el neurólogo David Owen acuñó formalmente como el "Síndrome de Hibris", ese trastorno de conducta que afecta exclusivamente a quienes ejercen las más altas esferas del mando.

Desde el centro de la República se ha construido una narrativa que divide al país entre aliados y adversarios. Bajo esta lógica simplista, la justicia se administra como un traje a la medida.

La laxitud y los abrazos son para los gobernantes del partido en el poder envueltos en escándalos, mientras que todo el peso de las mermadas instituciones, fiscalías y tribunas se vuelca para congelar a cualquiera que se atreva a disentir.

Gobernar un estado fronterizo, exitoso pero complejo, y con la extraordinaria herencia histórica de Chihuahua, nunca ha sido tarea para timoratos. En el contexto descrito, la postura de la gobernadora Maru Campos frente a la Federación es el reflejo de una realidad que otros callan por comodidad o por temor. Alguien tiene que plantarse y decir en voz alta lo que en los pasillos de Palacio Nacional se ignora con soberbia: que el Gobierno Federal dejó de gobernar para todos los mexicanos y optó por administrar el poder únicamente para el beneficio de su causa partidista y el cobijo de sus propios compromisos.

La seguridad en nuestra entidad es el ejemplo más doloroso de este "doble rasero". Mientras regiones enteras del país se desangran por una inacción federal disfrazada de estrategia, las corporaciones locales de Chihuahua que deciden actuar y dar golpes contundentes contra el crimen son objeto de acusaciones y amenazas bajo el látigo de la sospecha legal. Desde el centro pretenden priorizar el purismo de los manuales y las carpetas de investigación exprés contra mandos policiacos locales, antes que romper pactos y capturar a los delincuentes que asfixian al país.

La política nacional, desde 2018, califica como un pecado más grave la efectividad sin el sello de Morena, que la total complacencia de quienes gobiernan los estados alineados al régimen.

Para Chihuahua, sostener esta postura de confrontación tiene un costo altísimo. Es navegar a contracorriente; es enfrentar a un aparato de Estado que profiere amenazas y encabeza la persecución política mediante la asfixia presupuestal o el linchamiento legislativo desde el Senado. Sin embargo, en la historia de nuestra democracia y de Chihuahua, las voces que vale la pena recordar son las de aquellas personas que prefirieron la soledad de la congruencia antes que la comodidad del aplauso sumiso.

Chihuahua siempre ha sabido ser frontera, pero también contrapeso. Hoy, levantar la voz contra la justicia selectiva no es un acto de rebeldía estéril; es un acto de supervivencia institucional. Porque cuando el poder central olvida que la banda presidencial representa a todos los ciudadanos y no solo a una militancia, la existencia de una voz firme —incluso si se queda sola— se vuelve el último y único dique en defensa de la dignidad de todos.