M.D.P. y A. Mariano Cordero Burciaga

Reclaman ante la justicia federal el Acuerdo General del 13 de julio que ordena mudar la Sala Penal Regional y la Sala Civil y Familiar Regional a la capital del estado

Hidalgo del Parral, Chihuahua, viernes 24 de julio de 2026.— Tres demandas de amparo indirecto fueron presentadas este viernes ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en contra del Acuerdo General que ordena el traslado de la Sala Penal Regional y de la Sala Civil y Familiar Regional, ambas con sede en esta ciudad desde 2013, a la capital del estado.

Los promoventes son el litigante Vicente Carrillo Zapien; el maestro Mariano Cordero Burciaga, abogado que participó hace trece años en las gestiones que trajeron las salas regionales a Parral; y el licenciado José Antonio Vences Prieto, litigante de gran renombre en los tribunales del Distrito Judicial Hidalgo. 

Las tres demandas fueron turnadas para su conocimiento a un Juez de Distrito en turno, con residencia en la ciudad de Chihuahua.

Los expedientes quedaron recibidos con los folios 601738, 601739 y 601740, y en los tres casos se solicita la suspensión del acto reclamado, a fin de que el traslado de las Salas no se consume mientras el juicio se resuelve en definitiva.

Una decisión que se veía venir

El Pleno del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua aprobó el Acuerdo General el 13 de julio, en sesión ordinaria privada, y lo notificó al día siguiente mediante el oficio SEOAJ 2017/2026. Desde entonces, la medida no ha dejado de generar reacciones en la región sur del estado.

Desde el 17 de julio, medios locales reportaron que colegios de abogados de la región anunciaban que promoverían amparos para frenar el traslado, por considerar ilegal el acuerdo. Dos días después, el diputado local Guillermo Ramírez Gutiérrez, representante del Distrito 21, informó que distintos sectores de Parral rechazan el retiro de las salas y lo consideran un retroceso para la vida institucional de la región sur del estado, tras sostener reuniones con cámaras empresariales y con los colegios de abogados locales.

La presidenta del Colegio de Abogados del Distrito Hidalgo, Patricia Domínguez, había adelantado el 20 de julio que se preparaban recursos legales que van desde amparos ante la justicia federal hasta impugnaciones ante las autoridades electorales, por tratarse de magistraturas votadas por los electores del Distrito Hidalgo. Domínguez calificó la medida como un retroceso en lo institucional, lo económico y lo social para la región.

Ese mismo día, el maestro Cordero —uno de los tres promoventes de los amparos presentados hoy— había declarado que la reestructuración impactará directamente a los distritos judiciales de Hidalgo del Parral, Jiménez, Mina, Guadalupe y Calvo, y Guachochi, zonas que durante más de una década lograron tener la segunda instancia cerca de la población.

Las cifras que cuestionan el argumento oficial

Uno de los ejes del reclamo es que la medida no está suficientemente justificada. De acuerdo con el sistema de información del propio Poder Judicial del Estado, la Sala Regional Penal de Hidalgo tiene un promedio de 14.2 resoluciones al mes, cifra apenas por debajo de la sala más productiva de todo el estado, lo que para los inconformes contradice el argumento de que la sede de Parral se usa poco.

Qué sigue

Con la presentación de estos tres amparos, el conflicto por la sede de las Salas Regionales de Parral pasa de la protesta pública al terreno judicial federal. Se espera que en los próximos días otros litigantes de la región promuevan demandas similares, mientras el Juzgado de Distrito que reciba los expedientes determina si concede la suspensión antes de que el cambio de sede se consume.

Hasta el cierre de esta nota, ni el Órgano de Administración Judicial ni el Tribunal Superior de Justicia del Estado se habían pronunciado sobre la presentación de estos amparos.