Sota. Caballo y Rey

En México la autoridad tiene dos velocidades. Omisa cuando le conviene. Escrupulosa en exceso cuando le tocan a los suyos.

Nos quieren vender que detener primero y averiguar después es un atentado contra los derechos humanos. Tienen razón. Solo que se les olvida decir dónde aplican esa frase.

Porque esa frase describe exactamente lo que el Estado hace todos los días con la prisión preventiva oficiosa.

- En 2024, 36.3% de las 236,773 personas privadas de la libertad no tenían sentencia. De ese grupo, 47% estaba bajo prisión preventiva oficiosa.

- La ONU documentó que hay 90 mil personas presas sin sentencia y que cerca del 50% están sujetas a esa figura automática.

- La propia Corte ha advertido que si se invalidara la prisión preventiva oficiosa, saldrían unas 68 mil personas que hoy están encerradas sin que un juez haya decidido si son culpables.

Eso es "detenlos y luego averiguamos" institucionalizado. Sin matices. Sin debido proceso real. Con décadas de vidas rotas.

Y entonces llega una solicitud de detención provisional con fines de extradición, con tratado firmado, con plazo de 60 días para presentar pruebas, y de pronto la autoridad descubre el garantismo. De pronto le preocupa la presunción de inocencia. De pronto pide papeles, peritajes y conferencias.

La pregunta es inevitable. ¿Acaso Rocha tiene mejores derechos que esas decenas de miles de mexicanos que llevan años en una celda sin sentencia?

Porque al ciudadano común lo encierran por oficio, por catálogo, por estadística. Al político señalado, al que viene con pedido internacional, le ofrecen el beneficio de la duda que nunca le dieron al otro.

Esa es la doble vara que enferma al país. Cuando conviene, la autoridad es omisa para investigar bien, pero rápida para encerrar. Cuando le tocan a los suyos, se vuelve garantista de manual, pide pruebas anticipadas y alega soberanía.

No se puede sostener un Estado de derecho así. O la prisión preventiva oficiosa es una aberración que debe desaparecer para todos, o el prurito jurídico que hoy invocan para no detener también debe aplicarse a los 90 mil que siguen esperando una sentencia.

Mientras no se decidan, la frase seguirá siendo cierta. Detener primero y averiguar después sí es un atentado contra los derechos humanos. Solo que en México ese atentado tiene nombre, apellido y celda, y no es el de los que hoy protegen.

En Chihuahua hubo abuso desmedido de esta figura de encarcela y averiguas después, un gobierno en particular encerró una cantidad importante de personas que luego de años en prisión lograron demostrar su inocencia. Hoy, hay infinidad de protocolos de Estambul esperando a quienes abusaron del poder y de la prisión preventiva oficiosa.

Dr. Fernando A Herrera

Presidente del IEE Chihuahua 2006-2015

Presidente de Instituciones Electorales de las entidades federativas en México 2014.

Autor de la trilogía “Secretos” filosofía para la vida cotidiana.

Doctor en Administración por la UACH.

Periodista y politólogo.

Presidente y director general de chihuahuaexpres.com.mx