Medina recordó que esta reforma se construyó junto a autoridades estatales y ganaderos como respuesta a la preocupación por la propagación de agentes nocivos que ponen en riesgo el ganado, la confiabilidad de la carne chihuahuenses y la actividad económica que da sustento a miles de familias en la entidad.

La reforma que entró en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado, contempla penas que podrían llegar hasta los 8 años de cárcel a quien introduzca, transporte, comercialice, críe, posea o disponga un animal que esté infectado con enfermedades trasmisibles o sujetas a control sanitario obligatorio, con conocimiento de la enfermedad omitiendo las medidas para su tratamiento. 

“Seguiremos impulsando mejoras al marco legal del estado para cuidar a quienes mantienen de pie a Chihuahua con su trabajo, que además contribuyen a la alimentación del país y a la competitividad de nuestro estado”, indicó el priista.