Guillermo Ramírez advierte: Desaparecer la COFECE es un retroceso disfrazado de reforma
Es un riesgo para la certeza jurídica de los mercados
1 de julio de 2025
La desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la creación de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio no es un simple cambio de nombre. Es una decisión de alto impacto institucional que debe preocuparnos como sociedad.
Desde 2013, la COFECE operaba como un órgano constitucional autónomo, cuya función era evitar abusos de poder en los mercados, impedir prácticas monopólicas, sancionar acuerdos ilegales entre empresas y garantizar un entorno económico justo. Su autonomía era clave: le permitía actuar sin presiones políticas y con criterios estrictamente técnicos.
Hoy, con la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio, esa independencia se pierde.
Aunque este nuevo organismo mantiene algunas funciones similares —e incluso incorpora herramientas como multas más altas y acciones colectivas—, el problema de fondo está en quién lo controla y cómo se designa a sus integrantes.
La nueva Comisión será un órgano descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Economía, y sus personas comisionadas serán propuestas por el Poder Ejecutivo y ratificadas por mayoría en el Senado, sin un proceso de evaluación técnica independiente. Es decir, el árbitro que debe vigilar los abusos en los mercados será designado por el mismo gobierno que participa en ellos. ¿Dónde queda entonces el contrapeso?
Lo que debería ser un ente técnico, imparcial y autónomo, corre el riesgo de volverse una oficina subordinada al poder político.
Aún más preocupante, se abre un escenario en el que la imparcialidad y la certeza jurídica quedan comprometidas. La falta de autonomía plena puede traducirse en decisiones discrecionales, investigaciones selectivas o una protección desigual de derechos, afectando tanto a consumidores como a empresas.
Esta decisión también pone en entredicho la credibilidad de México ante los mercados internacionales, ya que tratados como el T-MEC exigen que las agencias reguladoras cuenten con autonomía técnica y jurídica. Desmantelar esas garantías puede traducirse en desconfianza, menor inversión y mayor volatilidad.
Las leyes secundarias aún están por definirse. En ellas está el último bastión para proteger lo que queda de autonomía. Pero como legislador, como ciudadano y como mexicano, no puedo quedarme callado frente a una decisión que representa un retroceso disfrazado de reforma.
La competencia económica no se defiende debilitando a quienes la protegen. Se defiende con instituciones fuertes, imparciales y con visión de futuro.
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