En tribuna, la legisladora expuso que cerca de un año y medio de la creación del Centro de Traductores e Intérpretes del Estado de Chihuahua, se observa que todavía no ha sido posible que las instituciones responsables de la procuración y administración de justicia en la entidad se sometan cabalmente al imperio de la ley.

Explicó que de acuerdo a investigaciones de instituciones y organizaciones diversas, dentro de las cuales se incluyen la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en las estadísticas vinculadas con violaciones a los derechos humanos, éstas  se elevan en relación a las violaciones procesales de que son víctimas las personas de los pueblos y comunidades indígenas, en las que el racismo y la discriminación son prácticas generalizadas, lo que sin duda tiene lamentables repercusiones en lo que se refiere a la obligación del Estado para garantizar el derecho de acceso a la justicia de los pueblos originarios, tema que sigue siendo una deuda pendiente  en la agenda de las instituciones de procuración y administración de justicia en México, y Chihuahua no es la excepción.

Para concluir, la legisladora añadió que el presupuesto para el Centro de Personas Traductoras del 2024 es de más de 6 millones 770 mil pesos; esto es, un 23 % más que al cierre de 2023, la cantidad de intérpretes contratados continúa sin superar las 6 personas,  lo que nos lleva a presumir que pudiera tratarse de una estrategia mediante la que se pretende  evadir el cumplimiento de la Ley.