La apertura de estas investigaciones penales, indicaron las autoridades consultadas, no prejuzga sobre si se cometieron o no los delitos que se denunciaron, ni la responsabilidad de las personas que se señalan, pero el Ministerio Público de la Federación tiene la obligación de indagar los hechos que se le denuncian.

El caso iniciado en contra de los consejeros del INE, la indagatoria se inició luego de que el pasado 23 de diciembre se recibiera una denuncia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados en contra de los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz, Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, así como al secretario Ejecutivo de dicho organismo Edmundo Jacobo Molina.

En la querella presentada se acusa a los denunciados de la posible comisión de los delitos de coalición de servidores públicos y abusos de autoridad, ilícitos que supuestamente se habrían materializado en la votación del Consejo General del INE en la que se determinó aplazar el proceso de la consulta de revocación de mandato.