Lo que no se dice...
28 de agosto de 2026
PRONÓSTICO.- Se cumplieron los pronósticos y la turbulencia finalmente apareció en la sesión de Cabildo de este jueves, aunque no precisamente por donde se esperaba. Quienes anticipaban que el informe de la síndica Dalila Villalobos sobre las Jornadas Villistas sería el gran punto de confrontación tuvieron que cambiar de libreto. El documento pasó prácticamente sin pena ni gloria: no hubo encontronazo, tampoco celebración y mucho menos una batalla campal de esas que algunos ya daban por descontadas. Como dirían los jóvenes de hoy, simplemente fluyó.
INFORME.- Dalila presentó su informe y el Cabildo lo recibió sin mayores sobresaltos. Ni el esperado choque de trenes ni la tormenta política que algunos pronosticaban. La sesión tenía todos los ingredientes para que la Sindicatura y la Presidencia Municipal volvieran a medirse públicamente, pero esta vez el agua no llegó al río.
POLICÍAS.- El verdadero conflicto se concentró en el caso de los agentes municipales involucrados en el accidente que terminó con la vida de una persona. Ahí sí apareció la polarización. Y no fue menor. El intento de impedir que los policías comparecieran directamente ante los regidores elevó la temperatura de una sesión que ya venía cargada de asuntos. La discusión dejó de ser administrativa y comenzó a tocar una fibra mucho más delicada: qué está ocurriendo dentro de Seguridad Pública Municipal y por qué los propios agentes sienten que necesitan ser escuchados por el Cabildo.
COMPARECENCIA.- Los regidores del PAN no permitieron que los agentes expusieran de viva voz los detalles de lo ocurrido, pese a que esa era precisamente la intención. En su lugar, quedó sobre la mesa el escrito que habían presentado. Puede ser jurídicamente suficiente para integrar una posición, pero políticamente no es lo mismo.
SEGURIDAD.- Y aquí la discusión comienza a apuntar hacia la dependencia donde Martín Chaparro sienta sus reales. Lo ocurrido durante la sesión deja la impresión de que no todo marcha precisamente sobre ruedas dentro de Seguridad Pública. Si los elementos involucrados en un hecho de esta naturaleza sienten que no cuentan con el respaldo suficiente y terminan recurriendo al Cabildo para buscar ser escuchados, entonces hay un problema que va mucho más allá del accidente.
AGENTE.- La escena adquirió todavía mayor intensidad cuando una de las agentes involucradas apareció personalmente en la sesión. No llegó precisamente con ánimo de participar en un protocolo ceremonial. Llegó a buscar que su versión fuera escuchada. La negativa inicial a permitir su comparecencia generó un momento de tensión y fue necesario que el alcalde Salvador Calderón entrara al quite para contener la situación durante uno de los recesos de la maratónica reunión.
ALCALDE.- El hecho de que el propio presidente municipal tuviera que intervenir para atender a la agente es quizá uno de los datos políticos más reveladores de la jornada. No necesariamente porque ello implique una responsabilidad directa del alcalde sobre el caso, sino porque muestra que el conflicto ya había rebasado los canales ordinarios de la dependencia.
CHAPARRO.- La actuación del área encabezada por Martín Chaparro queda, por tanto, bajo la lupa sobre todo cuando se leyó una segunda misiva donde se señala que las unidades de seguridad publica no están debidamente equipadas y balizadas, situación que ya había generado polémica en varias ocasiones en el mismo cabildo.
PENDIENTE.- Queda, sin embargo, mucho por contar. El caso de los policías apenas abrió una ventana hacia lo que está ocurriendo dentro de Seguridad Pública y todavía falta conocer con precisión las versiones de los involucrados, la postura de la dependencia y el acompañamiento jurídico que está recibiendo el personal involucrado.
Desde la Rumorosa…
DESALOJO.- Los posesionarios de las llamadas casas de pensiones, ubicadas en las inmediaciones de la colonia Praderas, tuvieron finalmente su dosis de realidad. Después de semanas de incertidumbre, alegatos y la confianza depositada en que algún recurso jurídico detendría cualquier acción de la autoridad, llegaron los funcionarios por la vía institucional, se ejecutaron las medidas correspondientes y se procedió al desalojo y corte de suministros.
AMPARO.- Y aquí aparece el protagonista que durante días fue presentado casi como el escudo jurídico definitivo: el poderoso amparo que presumió el dirigente magisterial Santiago “Chago” Flores. Se habló de él como si fuera una especie de muralla legal capaz de detener cualquier intento de desalojo. El pequeño problema fue que, llegada la hora de la verdad, nadie lo vio. Ni las autoridades contra las que supuestamente se promovió, ni los propios seguidores que confiaban en su existencia.
REALIDAD.- En los tribunales los papeles no se defienden con discursos ni con publicaciones en redes sociales. Un amparo tiene alcances concretos, autoridades señaladas, actos reclamados y resoluciones que deben hacerse valer en el momento oportuno. Si existe un recurso que realmente protege a los posesionarios, lo lógico sería que quienes están a punto de perder las viviendas que ocupan.
ABANDONO.- Lo más llamativo ocurrió cuando llegó el momento de enfrentar la situación directamente. Los maestros y posesionarios terminaron acercándose a los funcionarios estatales para buscar respuestas y tratar de entender qué estaba ocurriendo. ¿Y su dirigente? Ausente. El hombre que había encabezado el discurso de resistencia no estaba cuando sus representados más necesitaban orientación.
ELECTRICIDAD.- El corte de energía eléctrica terminó siendo quizá la imagen más contundente de la jornada. Porque una cosa es hablar de resistencia desde una posición cómoda y otra permanecer frente a una cuadrilla que llega con una orden para cortar el suministro. Ahí ya no funcionan las arengas ni las declaraciones contundentes.
AUTORIDAD. Del otro lado, las autoridades estatales hicieron lo que correspondía por la vía institucional, al menos de acuerdo con lo que se observó durante la jornada. Hubo procedimientos, presencia de funcionarios y ejecución de las medidas. Eso tampoco significa que el conflicto esté resuelto de fondo ni que las razones de los posesionarios carezcan de importancia. Significa simplemente que, cuando existe un procedimiento legal en marcha, la autoridad termina actuando y los discursos deben enfrentarse con documentos.
LECCIÓN. Para los posesionarios, la jornada deja una lección bastante amarga: en los conflictos legales no basta con confiar en lo que dice un dirigente. Hay que conocer el expediente, saber qué autoridad interviene, qué derechos existen y, sobre todo, qué protección jurídica está realmente vigente.
