INFORME.- Ayer primero de septiembre fue ¡el día de la presidenta! El resultado fue mucho informe, poca transformación, en suma ¡todo sigue igual! Ayer fue la máxima expresión del gatopardismo nacional.

DESGLOSE.- Ayer fue el día de la presidenta. Claudia Sheinbaum rindió su segundo informe de gobierno y, para ser francos, fue como casi todos los informes presidenciales que hemos escuchado durante décadas: solemne, abundante en cifras, cargado de logros y acompañado de la inevitable conclusión de que México está cambiando. Lo han dicho los presidentes del PRI, del PAN y ahora de Morena. Todos, sin excepción, han llegado al poder prometiendo transformar al país. Y todos terminan haciendo algo mucho más sencillo: se suben a la dinámica nacional, administran el momento histórico y después presentan la circunstancia como si hubiera sido diseñada desde Palacio Nacional.

TRANSFORMACIÓN.- Después de más de treinta años de observar gobiernos, campañas, discursos y promesas, uno aprende a desconfiar de las palabras grandilocuentes. “Transformación”, “cambio histórico”, “nuevo rumbo”, “modernización”, “renovación”. Cada sexenio estrena vocabulario, pero el ciudadano estrena poco. Cambian los logotipos, cambian los colores, cambian los funcionarios y hasta cambian las mañaneras, pero el mexicano que sale de su casa sigue enfrentando prácticamente las mismas preguntas: ¿podrá regresar con bien?, ¿tendrá atención médica?, ¿habrá maestro para sus hijos?, ¿podrá abrir un negocio sin que alguien le cobre por dejarlo trabajar?

EVALUACIÓN. La verdadera evaluación de un gobierno no está en el escenario donde se presenta el informe. Está afuera. Y, paradójicamente, se encuentra precisamente en aquello que casi nunca aparece en los discursos: la normalidad. Un gobierno verdaderamente exitoso logra que los ciudadanos tengan tan pocas cosas extraordinarias que contar que la vida cotidiana resulte aburridamente normal. Que salir a carretera no sea una aventura; que caminar por la calle no implique calcular riesgos; que comprar una propiedad o abrir un negocio no despierte el apetito de algún extorsionador. Esa sería una transformación mucho más profunda que cualquier gráfica proyectada en una pantalla.

SEGURIDAD. Si un mexicano tiene miedo de viajar, de salir de noche, de abrir un negocio, de comprar un vehículo o de adquirir determinados bienes porque existe la posibilidad de ser víctima de un delito, entonces hay un problema de seguridad. Y ese problema, por mucho que se le cambie el nombre, es responsabilidad del Estado. No importa si la estadística nacional dice que bajó un porcentaje, que aumentó otro o que determinado indicador presenta una tendencia favorable: si el ciudadano sigue sintiéndose amenazado, la asignatura continúa pendiente.

EXTORSIÓN. Y qué decir de las regiones donde el crimen organizado no solamente delinque, sino que impone sus propias reglas, cobra cuotas, controla actividades económicas y establece una especie de sistema tributario paralelo (es decir en toda la nacion). El ciudadano paga impuestos al gobierno y, para poder trabajar, también paga al delincuente. Una contribución tiene recibo; la otra tiene amenaza. En ambos casos, el resultado es el mismo: alguien más decide cuánto puede ganar el ciudadano y cuánto puede conservar.

GOBIERNO. Cuando una organización criminal puede decidir quién trabaja, cuánto cobra un comerciante, qué mercancías entran a una región o qué actividades pueden realizarse, entonces no estamos frente a un simple problema delictivo. Estamos ante una disputa por el control territorial. Y si el ciudadano percibe que el Estado perdió esa batalla en determinadas regiones, difícilmente podrá aceptar que todo cambió solamente porque así lo diga un informe.

SALUD. En materia de salud ocurre exactamente lo mismo. Si una persona está afiliada a un sistema público, ya sea de población abierta o como derechohabiente, y recibe atención oportuna, encuentra medicamentos, consigue una consulta sin peregrinar durante semanas y tiene acceso a un servicio digno, entonces los logros no necesitan demasiada propaganda. Se notan solos. Pero si esa misma persona tiene que comprar el medicamento que supuestamente debería recibir, buscar atención privada porque el hospital no tiene capacidad o esperar meses para un procedimiento, entonces hay una asignatura pendiente. Y bastante grande.

EDUCACIÓN. En las escuelas la evaluación también es sencilla. Si un plantel tiene maestros suficientes, aulas dignas, baños funcionales, equipamiento y los recursos necesarios para trabajar, entonces el sistema educativo está cumpliendo. Pero si una escuela tiene que organizar rifas, cuotas, cooperaciones y solicitudes a los padres de familia para tapar los huecos que deja el presupuesto público, algo no está funcionando. Y si además los padres tienen que luchar para conseguir un maestro, un aula o condiciones mínimas para que sus hijos estudien, resulta difícil hablar de transformación sin antes explicar qué parte de la cobija se quedó corta.

COBERTURA. Porque esa es precisamente la parte que suele desaparecer de los informes: la cobija. Cada gobierno administra una cantidad determinada de recursos y decide dónde colocarlos. Cuando se presume una gran inversión en una materia, habría que preguntar inmediatamente: ¿y qué quedó sin atender? Porque el dinero público no es infinito. Si una administración coloca recursos extraordinarios en determinada área, existe otra que probablemente recibió menos. El verdadero análisis no consiste solamente en preguntar cuánto se gastó, sino qué dejó de hacerse con el dinero que no alcanzó.

PRESUPUESTO. Ahí está una de las grandes trampas de los informes gubernamentales. Se anuncian inversiones millonarias como si el dinero hubiera aparecido mágicamente. Se presenta una obra como “histórica”, un programa como “sin precedentes” y una inversión como “la más grande de todos los tiempos”. Pero pocas veces se muestra la otra cara de la moneda: cuánto se debe, qué programas quedaron rezagados, qué infraestructura no recibió mantenimiento, qué obligaciones sociales se acumularon y qué áreas tienen hoy menos recursos que en otros momentos.

COMPARACIÓN. La propaganda gubernamental tiene una habilidad extraordinaria para convertir una obligación en hazaña. Construir una carretera se presenta como transformación; entregar una beca, como revolución social; inaugurar un hospital, como acontecimiento histórico. Pero todo eso forma parte de la administración de los recursos públicos. La verdadera vara de medir está en saber si, después de gastarlos, el ciudadano vive mejor y enfrenta menos problemas.

CRIMEN. Y mientras se discuten cifras, en diferentes regiones del país el crimen organizado continúa teniendo una presencia que difícilmente puede ocultarse detrás de cualquier presentación. Si los delincuentes establecen sus propias reglas y las autoridades no logran impedirlo, la transformación prometida todavía no llega a esos territorios. No hay discurso que pueda convertir una extorsión en seguridad ni una carretera controlada por delincuentes en una vía libre.

EXTERIOR. También resulta revelador que los delincuentes mexicanos sean señalados y exigidos por autoridades extranjeras, mientras los gobiernos nacionales son permanentemente medidos desde fuera por sus resultados en seguridad, combate al crimen y Estado de derecho. Si las presiones externas terminan evidenciando problemas que internamente se presentan como avances, entonces algo está fallando en la narrativa oficial. Un país soberano no debería necesitar que otro le recuerde cuáles son sus pendientes.

PRESIDENTA. Esto no significa desconocer lo que haya hecho el gobierno de Claudia Sheinbaum ni negar automáticamente sus resultados. Sería tan parcial como aceptar sin cuestionamiento todo lo que diga el informe. La evaluación seria exige exactamente lo contrario: reconocer los aciertos y señalar los pendientes. La presidenta administra recursos, toma decisiones y merece que sus resultados sean evaluados con la misma vara que cualquier otro gobierno. Ni aplauso automático ni crítica automática.