Lo que no se dice...
16 de septiembre de 2026


HOYO.- Santa Bárbara atraviesa una crisis que ya dejó de ser solamente contable. El adelanto o préstamo de participaciones por más de tres millones de pesos para enfrentar las obligaciones municipales es, políticamente, el reflejo de un gobierno que llegó al punto en que el dinero futuro tuvo que utilizarse para resolver los problemas del presente. Es decir, se gastó por adelantado una parte de lo que todavía no llega y ahora habrá que gobernar lo que queda de la caótica administración con ese hueco financiero a cuestas.
SESION.- La reunión extraordinaria previa al grito de independencia pretendía disfrazar el problema real de la administración de Raúl Alberto Antuna: los excesos como sello del trienio. El papel del oficial mayor es trascendental, el tesorero paga, los excesos y la mala gestión de quien administra los bienes, Daniel Navarrete a menos de un año de terminar la gestión, se delata y se lamenta su papel en el gabinete.
CUENTAS.- La administración de Bebo Antuna enfrenta así una de esas facturas que siempre terminan llegando, aunque nadie quiera recibirlas. El problema del adelanto de participaciones no es únicamente que exista una deuda o un compromiso financiero también hay que incluir los excesos que han provocado que las finanzas municipales llegaran a necesitar ese oxígeno extraordinario. El recorte de participaciones todos los municipios lo enfrentan, pero no todos se endeudan. Eh ahí la diferencia. Cuando se tiene que hipotecar parte de sus ingresos futuros para poder cerrar el presente, algo en la administración dejó de caminar como debía.
COMPARATIVO.- Cuando los negocios particulares tienen prosperidad y la gestión de todos enfrenta deudas, algo no funciona bien, en algo se falló, las condiciones económicas del entorno favorecen el crecimiento y la buena administración, salvo exista un círculo perverso donde la prosperidad de una se base en la otra.
DISTANCIA.- La percepción de la administración confirma que esta se muestra cada vez más alejada de las causas cotidianas de su población y eso en un municipio pequeño donde la identidad comunitaria, la minería y la solidaridad entre sus habitantes forman parte de su propia historia, ¡es políticamente letal! Entonces la crisis financiera termina convirtiéndose en una crisis de confianza.
TRAGEDIA.- El reciente fallecimiento de cuatro personas al interior de una mina en aquel municipio, vuelve todavía más delicada la situación. Se trata, según lo reportado, de una actividad ilícita, ámbito en el que la autoridad municipal no tiene facultades para investigar el fondo del asunto. Pero una cosa son las competencias legales y otra muy distinta la responsabilidad política y social de un gobierno que es el primer respondiente. La autoridad debe ser una voz que aliente a los deudos en la exigencia de que se investiguen los hechos hasta sus últimas consecuencias y que, de existir responsabilidades en terceras personas, éstas sean requeridas por las autoridades, es decir ser parte de la solución y no del problema.
CAUSA.- Aquí no solamente hay un expediente policiaco. Hay familias, trabajadores, condiciones de seguridad, actividad minera y una comunidad que merece saber qué ocurrió y evitar que estos accidentes derivados de la explotación furtiva se sigan dando. La causa entonces es social y también jurídica. La autoridad municipal puede y debe acompañar a las familias, facilitar la coordinación institucional y exigir que no se archive la tragedia como una estadística más.
GRITO.- Y en medio de este escenario llegó el Grito de Independencia, que terminó mostrando la fotografía poco alentadora que confirma el caos de estos últimos dos años: Fue una de las celebraciones más desangeladas que se recuerdan en las últimas administraciones municipales. Desde el gobierno se atribuyó la escasa asistencia al luto que embarga a familias del mineral por la tragedia minera. El duelo seguramente influyó, pero sería demasiado cómodo explicar toda la ausencia únicamente por ese motivo.
FIESTA.- La realidad es que la crisis económica municipal ya estaba instalada antes de la tragedia. La reducción del gasto para música y otros componentes tradicionales de la celebración ya se conocían. El presidente y su operador financiero administran el pueblo con la calculadora en una mano y las participaciones futuras en la otra el resultado; poco que celebrar en ese municipio y así, literal, hubo poco que celebrar, pocos asistieron al evento independentista convocado por un gobierno impopular.

DESFASE.- El problema, entonces, no comenzó con los cuatro fallecidos ni terminó con el Grito. La tragedia simplemente encontró a un municipio que ya venía golpeado financieramente. La ausencia de recursos, la necesidad de adelantar participaciones y el deterioro de la relación con sectores de la comunidad forman parte de una misma fotografía política: un gobierno que enfrenta dificultades para sostener la operación cotidiana y que ahora tendrá que administrar también el costo de haber hipotecado los ingresos futuros delata una paupérrima gestión.
2027.- Por eso comienza a escucharse con mayor insistencia que el problema ya no sería solamente determinar quién encabezará al PRI en la próxima elección municipal. La discusión empieza a trasladarse a otro terreno: si el partido pretende competir con posibilidades de conservar el Ayuntamiento, tendrá que valorar seriamente la candidatura con la que habrá de presentarse ante los ciudadanos. Un gobierno convertido en un lastre para una marca partidista en consecuencia la candidatura deja de ser un premio y se convierte en un problema estratégico.
REMATE.- Bebo Antuna llegó al gobierno con la oportunidad de administrar uno de los municipios con mayor identidad histórica de la región. Hoy enfrenta una combinación complicada: finanzas comprometidas, una comunidad golpeada, una tragedia que exige respuestas y una celebración patria que mostró el tamaño del desencanto. El adelanto de participaciones podrá tapar temporalmente el hoyo financiero, pero no tapa el hoyo político. Porque el dinero prestado alcanza para pagar cuentas; lo que todavía está por verse es con qué se pagará la factura política de una administración que va de mal en peor.




