QUIEBRA.- Los problemas financieros en la alcaldía de Parral no se pueden disfrazar más, la cuenta regresiva para la entrega del periodo de gobierno de Salvador Calderón esta en marcha y las cuentas no salen. La falta de recursos empieza a cobrar facturas… y la desesperación llega al punto de que hasta las tragedias ocurridas en seguridad pública producto de la  falta de equipamiento de las unidades se pretende que las paguen los policías, cuando la culpa la tiene quien no adquirió los accesorios indispensables para garantizar un buen servicio.

CRISIS.-La administración municipal de Salvador Calderón atraviesa uno de sus peores momentos, el problema financiero ya no parece poder esconderse más detrás de discursos, informes o fotografías de obra. Hay un desfase que, de acuerdo con estimaciones podría superar los 60 millones de pesos ¡y creciendo! Los adeudos se ocultan en los recovecos de las áreas de oficialía mayor y tesorería pero se delata a diario en la falta de liquidez,

HERENCIA.- Nadie puede borrar de un plumazo que la administración heredó problemas financieros de César Peña los cuales no fueron atendidos, por el contrario, le están dando su propio sello y agregaduría sin que en la ciudad se observe un cambio sustancial que justifique tan desproporción, pero ese será otro tema.

FLUJO.- Una cosa es tener presupuesto en el papel y otra muy diferente tener dinero disponible para pagar las cuentas. Cuando el flujo de efectivo comienza a escasear, aparece la creatividad administrativa: buscar de dónde sacar, qué diferir, a quién pedirle paciencia y, en el peor de los casos, quién puede terminar pagando los platos rotos y es en este punto donde estamos, donde Seguridad Pública acaba de convertirse en el capítulo más delicado de esa historia.

POLICÍAS.- Se trata del caso de los dos agentes municipales involucrados en el traslado de un detenido que murió después de lanzarse de una patrulla en movimiento, el tema llegó a la Comisión de Seguridad Pública. La asesoría jurídica del Ayuntamiento pretende deslindar a la alcaldía de la responsabilidad de la indemnización al plantear que los elementos debieron haber advertido las deficiencias de la unidad y actuar de otra manera, es decir en pocas palabras, cubrir la negligencia de mandar al servicio unidades sin equipar. Y ahí aparece la pregunta que incomoda: ¿quién puso esa unidad en servicio?, ¿los agentes? La camioneta en mención tenia meses así, ¿Qué estaban esperando para cumplir los requerimientos del Subsemun?

PATRULLA.- El problema aquí no comenzó el día del accidente. Desde mayo, Cabildo había emitido un exhorto para regularizar los vehículos de Seguridad Pública que operaban sin cumplir completamente con identificación, balizamiento y equipamiento. Entre las unidades señaladas estaban las pick up P-53 y P-59. Además, se había advertido que los vehículos adquiridos con recursos de FORTAMUN debían cumplir con la normativa correspondiente.

SITUACION.- Tres meses después, el asunto ya no era una discusión administrativa sobre si una patrulla tenía o no tubulares. Terminó convertido en un problema con una persona fallecida y dos agentes enfrentando consecuencias jurídicas.

NEGLIGENCIA.- Aquí habrá que esperar lo que determinen las autoridades competentes sobre las responsabilidades individuales. Pero existe otra responsabilidad que no puede desaparecer detrás de los uniformes: la administrativa. Si una corporación utiliza una unidad para trasladar detenidos, corresponde al gobierno municipal ¡y a nadie más! garantizar que esa unidad reúna las condiciones necesarias para hacerlo. El propio Cabildo terminó aprobando que las unidades que no cuenten con condiciones adecuadas de seguridad no sean utilizadas para trasladar personas detenidas.

EQUIPAMIENTO.- La contradicción resulta todavía más incómoda porque el Ayuntamiento ha presumido inversiones importantes en Seguridad Pública. En marzo anunció una inversión de 10.6 millones de pesos para 12 unidades y 10 bicicletas equipadas. Además, en su primer informe reportó inversiones previas provenientes de FORTAMUN para patrullas, chalecos y radios, pero esas no son las únicas verdades a medias de la síntesis del segundo año, ¡hay más! Pero es de otros temas que ya estarán saliendo.

SENTENCIA.- Si hay dinero para comprar vehículos, ¿por qué no hay dinero —o diligencia— para convertirlos en verdaderas unidades policiales antes de ponerlas a trabajar? Todo es parte del paquete del recurso federal, ¿en qué parte se quedó el dinero del equipamiento? Hasta a una empresa de Durango se la hubieran comprado, como hicieron con la adquisición de los depósitos de agua que se venden a precio de mercado y se promueven como ayuda social.

BALIZAMIENTO.- El asunto tampoco puede despacharse como una simple diferencia política entre el alcalde y la síndica. En agosto, Dalila Villalobos exhibió una unidad que, según sostuvo, continuaba sin balizamiento y sin el equipamiento requerido; Calderón respondió que se trataba de una unidad que estaba en un taller y que solamente quedaba una pendiente de rotulación. Es decir, el debate sobre las condiciones de las patrullas ya estaba instalado públicamente y sigue vigente antes y después de la tragedia.

RESPONSABILIDAD.- Por eso resulta particularmente delicado que ahora la salida planteada desde el Ayuntamiento sea colocar sobre los agentes la carga de haber advertido de las condiciones de la unidad. Un policía puede tener responsabilidades derivadas de sus actos, y eso deberá establecerlo la autoridad correspondiente. Pero un agente no compra la patrulla, no determina su equipamiento, no autoriza su incorporación al servicio y tampoco decide cuánto dinero asigna el Municipio para mantenerla en condiciones operativas.

Pretender que toda la cadena de responsabilidad termine en el último eslabón sería, cuando menos, una visión incompleta del problema.