URGENTE. - Lo que está ocurriendo en Guadalupe y Calvo es más que preocupante: es una muestra evidente del colapso institucional del Estado mexicano en su misión esencial de garantizar la seguridad y la vida de sus ciudadanos. Más allá de los discursos, las giras y las "mesas de seguridad" con los altos mandos, lo que se vive en la sierra de Chihuahua es un estado de emergencia constante, aunque las autoridades se empeñen en llamarlo de otra manera.

RECUERDO. - Hace apenas unas semanas se celebró con bombo y platillo una mesa de seguridad en ese municipio serrano, encabezada por el fiscal César Jáuregui. Se prometió un "antes y un después", como si de una vacuna se tratara. Pero en realidad, fue más bien una aspirina política: bajó la fiebre unos días, las patrullas aparecieron por un rato, hubo recorridos y simulacros de presencia institucional. Y luego, la misma dosis de siempre: abandono.

CAMINO. - En el camino hacia esa reunión, el convoy del fiscal encontró el cadáver de un hombre. El hecho fue minimizado, casi ocultado, como si no fuera una advertencia clara, no solo de los grupos delictivos, sino también del tamaño del problema: la violencia no da tregua y el Estado ya no impone respeto, impone excusas.

FUEGO. - ¿Y la población? Vive bajo fuego. Cuando no llueve agua, llueve plomo. Los enfrentamientos no sólo se han normalizado, ahora suceden a plena luz del día y en plena cabecera municipal. Las familias ya no distinguen entre gobierno y crimen, porque no hay ninguna diferencia práctica: en ambos casos, la ciudadanía queda sola.

SUELTOS. - Más alarmante es lo que el gobierno mismo admite. Con toda soltura, las autoridades aseguran que lo que ocurre en la zona es consecuencia de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Al decirlo, creen que están explicando las cosas, pero en realidad están aceptando su propia derrota. Esa frase —"es un conflicto entre grupos rivales"— es la carta de legitimidad que la autoridad les entrega a los delincuentes, es el equivalente a reconocer que se les cedió el control, que el Estado ha claudicado.

MAL.- No nos equivoquemos: reconocer que operan grupos delictivos en la región no es un diagnóstico, es una confesión de impotencia. Es aceptar que no hay estrategia, ni resultados, ni Estado de derecho. ¿Acaso esperaban que la población reaccionara con alivio? ¿Deberíamos agradecer que no se trate de "vecinos enojados" o "riñas callejeras"? ¿Eso les parecería más grave?

FALLA. - Lo que hay aquí es un Estado fallido en cámara lenta, donde cada nivel de gobierno —federal, estatal y municipal— evade su responsabilidad, reparte culpas y justifica la inacción con lenguaje técnico. Pero la realidad no se puede maquillar con discursos: la gente en Guadalupe y Calvo sigue muriendo, sigue huyendo o sigue viviendo con miedo.

SOLUCION. - Entonces la pregunta es inevitable: ¿Qué sigue? ¿Otra mesa de seguridad? ¿Otra visita relámpago de funcionarios blindados en camionetas? ¿Más promesas que no se cumplirán? ¿O seguiremos presenciando esta lenta rendición del Estado mientras los grupos criminales se consolidan como los nuevos dueños del territorio?

BALAS. - En la sierra, la legitimidad no la tiene el gobierno, la tienen los que imponen el orden a balazos. Y eso, más allá de cualquier ideología o afiliación política, es un fracaso monumental que debería escandalizarnos a todos. Si el Estado no garantiza seguridad, entonces no hay democracia, ni justicia, ni ley. Solo queda el silencio, el miedo… y la ley de las balas.

CONDICION. - Este fin de semana, previo al inicio de las tradicionales fiestas patrias que se viven en aquel municipio, la cabecera de Guadalupe y Calvo se mantuvo bajo fuego, sin autoridades ni resguardo, ¡a la deriva! Igual que antes de la mesa de seguridad.

MOMENTO. - La propia gobernadora del estado, María Eugenia Campos tras la reunión de la mesa de seguridad señaló públicamente la negativa de la alcaldesa Ana Laura González para autorizar la instalación de un subcentro Centinela en el municipio. Es decir, ni siquiera el mínimo gesto de cooperación se ha logrado. La seguridad pública, que debería estar por encima de cualquier disputa partidista o ideológica, está siendo manoseada con criterios políticos mezquinos, mientras la población vive aterrada bajo fuego.

REALIDAD. - Y si bien es cierto: un subcentro Centinela no resolvería por sí solo el problema estructural de violencia en la sierra tarahumara pero en mucho ayudaría, cualquier herramienta tecnológica o institucional que permita una mínima mejora es bienvenida. Pero aquí no, sobra ideología, falta de voluntad y sentido común.

ALCALDESA. - La negativa o evasiva de la presidenta municipal a facilitar este proyecto —más allá del trasfondo político que pueda tener— evidencia la fractura de las autoridades frente a un enemigo común. No hay estrategia coordinada, no hay estrategia, no hay estado de derecho. Hay egos. Hay omisiones. Hay negligencia.

REALIDAD. - Mientras tanto eso ocurre en las oficinas gubernamentales, el pueblo sigue bajo fuego. Literalmente. La delincuencia incluso se da el lujo de señalar hasta las horas del día en que pueden transitar, es decir actúan como la autoridad.

REAL. - Este fin de semana los elementos de la Guardia Nacional comisionados a pacificar el municipio fueron enviada a acompañar a los participantes de un recorrido turístico en vehículos tipo "reicer" por caminos de la sierra. El objetivo era inhibir cualquier amenaza y evitar molestias. Una presencia para la foto. Una actuación protocolaria en "zona delincuencial", como si los delincuentes fueran a respetar el protocolo.

FUEGO. - Mientras tanto en el pueblo, donde de verdad hacía falta la presencia del Estado, no quedó nadie. Y cuando comenzaron los tiros otra vez en Guadalupe y Calvo, nadie salió. No el Ejército, no la Policía Estatal, no la Agencia de Investigación, y por supuesto, tampoco la Policía Municipal.

MAGNO. - El problema es amplio, lo que está ocurriendo es una traición institucional. El Estado abandona su función más básica; la de proteger y si no lo hace no hay legitimidad posible en el ejercicio del poder.  Mientras en Palacio Nacional se alzan voces que aseguran que "México ya cambió", en Guadalupe y Calvo, la realidad grita lo contrario. A gritos que no son de independencia, ni siquiera de protesta, sino de desesperación, de angustia y, en muchos casos, de auténtico terror.

ELECCION. - Los habitantes de este municipio serrano no piden milagros, exigen representación real, y lo mínimo que esperan es que su alcaldesa, Ana Laura González, hable por ellos. No como militante de Morena, sino como ciudadana de Guadalupe y Calvo, como madre, vecina, como mujer que sabe, porque lo vive, su municipio está siendo devorado por el abandono y la violencia.

PUNTOS. - Si la Federación no responde, que lo diga. Si el Estado los ha dejado solos, que lo grite. Pero quedarse callada es volverse cómplice del olvido, partícipe de un estado de cosas que socava cualquier esperanza de cambio. En este rincón de la sierra tarahumara, no hay seguridad, no hay salud, no hay infraestructura, y lo que es peor: no hay voz, si acaso un murmullo creciente en redes sociales y en conversaciones entre vecinos que se preguntan cuándo su presidenta va a alzar la voz por ellos.

APORTE. - Ahora sí; ¿Dónde está la soberanía que se pregona proteger? Este municipio es, junto con otros de la sierra, uno de los que más aporta a la economía estatal: minería, recursos forestales, producción agrícola. Pero a cambio recibe silencio y olvido.