DESPOJO.- Ayer se consumó un paso más en la reubicación de las Salas Penal y Civil-Familiar que durante años tuvieron su sede en Parral. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia ratificó el cambio y aprobó que la antigua Sala Penal Regional se convierta en la Novena Sala Penal y que la Sala Civil y Familiar Regional pase a denominarse Segunda Sala Civil y Familiar, ambas con sede en Chihuahua capital. Con la nueva nomenclatura desaparece también del nombre oficial cualquier referencia a Parral.

NOMBRE.- Y aquí está una de las cuestiones simbólicas de mayor peso: primero se llevaron las salas y ahora les quitaron hasta el apellido. No solamente trasladaron físicamente una oficina a la capital del estado, ahora borraron de su denominación el vínculo con el Distrito Judicial Hidalgo. La geografía puede cambiarse con un acuerdo administrativo; la cercanía de la justicia, en cambio, no se resuelve simplemente poniendo una ventanilla digital en el edificio que se queda.

PETICIÓN.- El origen de todo este proceso tampoco es un secreto. Los magistrados Yamil Athié Gómez y María Elizabeth Macías Márquez, titulares respectivamente de las salas Civil-Familiar y Penal que tenían residencia en Parral, solicitaron al Órgano de Administración Judicial su cambio de sede a Chihuahua capital. La petición fue aprobada en julio, después de un dictamen técnico-jurídico y un diagnóstico sobre cargas de trabajo.

ARGUMENTO.- La explicación institucional sostiene que la centralización permitirá distribuir mejor las cargas, ampliar los criterios de segunda instancia y optimizar recursos. Athié ha defendido públicamente esa lógica y ha señalado que la medida no elimina la atención en Parral, pues permanecerá una Oficialía de Partes de Segunda Instancia con ventanilla asistida digital y los magistrados conservarán funciones de enlace con la Región Sur.

DISTANCIA.- Pero ahí aparece la diferencia entre la justicia vista desde un escritorio y la justicia vivida por quien tiene que utilizarla. Para un ciudadano de Parral, Guachochi, Balleza, Jiménez o cualquiera de los municipios de la Región Sur, la segunda instancia deja de tener el mismo referente territorial. Los asuntos nuevos ya no tendrán preferencia regional y serán distribuidos entre las salas con sede en Chihuahua. La tecnología puede acercar documentos; no necesariamente sustituye la presencia institucional.

YAMIL.- En el escenario político-jurídico tampoco puede ignorarse que Yamil Athié Gómez fue elegido para ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia a partir de 2027. Ese dato está documentado desde la integración de las nuevas magistraturas: Athié quedó señalado como el segundo presidente de la administración judicial. Lo que ya pertenece al terreno de la interpretación política son las versiones que relacionan su futura posición con las facilidades concedidas para la reubicación. Una cosa es la coincidencia temporal y otra demostrar que existió un intercambio de favores.

MARCELA.- Algo similar ocurre con Marcela Herrera Sandoval. La presidenta del Tribunal fue quien sometió ayer al Pleno la ratificación definitiva del acuerdo provisional. Puede cuestionarse políticamente la decisión y sus consecuencias para la Región Sur, pero atribuirla a una estrategia personal para preparar una salida cómoda requiere pruebas que públicamente no aparecen. Lo que sí está claro es que bajo su presidencia se concretó una decisión que ha generado resistencia entre abogados y sectores empresariales de Parral.

GOBIERNO.- La misma cautela debe aplicarse a la responsabilidad de la gobernadora María Eugenia Campos. La estructura constitucional del Poder Judicial le da autonomía frente al Ejecutivo y la decisión formal correspondió al Órgano de Administración Judicial y posteriormente al Pleno del TSJ. Otra cosa es la lectura política que pueda hacerse sobre el silencio o respaldo que distintos actores públicos hayan mantenido frente al traslado. Esa diferencia importa: una cosa es tener influencia política y otra tener competencia jurídica para ordenar una reubicación.

VOTACIÓN.- Y aquí aparece un dato que modifica la fotografía de ayer. No fue una aprobación unánime: de los 30 integrantes del Pleno, hubo dos votos en contra y tres abstenciones. La magistrada Diana Margarita Félix Sierra hizo público un posicionamiento contrario dejando constancia asi que no todos dentro del máximo órgano judicial compartieron la decisión.

DISENSO.- Ese voto en contra tiene especial relevancia porque introduce en el debate institucional una pregunta que no se puede despachar con una simple estadística de productividad: ¿la eficiencia administrativa debe prevalecer siempre sobre la cercanía territorial de la justicia? La propia controversia demuestra que existen dos lecturas jurídicas distintas sobre el mismo problema. Del otro lado, organizaciones de abogados locales ya han anunciado y promovido amparos y acciones legales para combatir la reubicación.

ABOGADOS.- Los litigantes de Parral y Jiménez reaccionaron después de que el traslado ya había sido aprobado, y posteriormente comenzaron a buscar la vía judicial para revertirlo. El propio TSJ recibió a representantes de las barras y ofreció alternativas, entre ellas la apertura de juzgados adicionales en la región. La ironía es evidente: primero se permitió que se fueran las salas y después se comenzó a negociar cómo compensar a la región por habérselas llevado.

PARADOJA.- Si realmente el problema era la carga de trabajo, la eficiencia y la distribución de asuntos, todavía queda una pregunta incómoda: ¿por qué la solución tenía que significar retirar de Parral las dos salas que daban identidad regional a la segunda instancia? La respuesta institucional existe y está asentada en los documentos; la respuesta social, sin embargo, todavía no convence a quienes consideran que la justicia debe acercarse a los ciudadanos y no obligarlos a acercarse a la justicia.

REGIÓN.- Lo que se encuentra en disputa no es solamente un edificio, dos oficinas o una nomenclatura. Está en juego el principio de justicia cercana para una región que durante décadas tuvo en Parral un referente de segunda instancia. Y por eso la lucha de los abogados, empresarios y activistas locales cobra relevancia: ahora intentan por la vía jurídica detener o revertir una decisión que políticamente no pudieron impedir cuando estaba siendo discutida.