Dr Fernando A Herrera

El juicio político contra María Eugenia Campos no tumbó a la gobernadora, sino que despertó de su largo letargo al PAN.

Después de dos relanzamientos fallidos y decenas de discursos insustanciales de Jorge Romero, Acción Nacional estaba sumido en el ostracismo. El caso Chihuahua le ha dado la palanca para salir de la irrelevancia y una causa para cohesionarse: La defensa de Maru Campos como víctima de una persecución política emprendida con todo el aparato del Estado.

No se trata de retórica panista. Es lo que documenta toda la prensa: el CEN del PAN convirtió “Yo con Maru” en una consigna nacional, y ha llevado la defensa al pleno durante el debate de la reforma judicial y ha preparado eventos de trascendencia además de una movilización en Chihuahua el mismo fin de semana en que la presidente Sheinbaum convocó movilizaciones en todo el país para celebrar los dos años de su triunfo.

¿El PAN aprovechó el timing? Porque el gobierno federal está acorralado con el expediente que no ha podido controlar: La petición de detención preventiva con fines de extradición contra políticos acusados de colusión con el crimen organizado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos requiere que México detenga, preventivamente con fines de extradición, al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha —hoy con licencia— y a nueve funcionarios más, dos de los cuales se han ido a entregar a la justicia de los Estados Unidos. La SRE ya recibió el 28 de abril solicitudes formales de detención provisional, y, aunque reclaman que la solicitud viene sin las pruebas suficientes según la propia Cancillería, pelota se pasó a la cancha de la FGR.

La presidente Sheinbaum no ha sabido cómo responder. En vez de tomar la ruta jurídica, ha lanzado una campaña en defensa de la soberanía nacional, colocando a Maru Campos como la artífice de permitir la injerencia extranjera. 

Su partido, Morena ha ido más lejos: instruyó a los diputados locales de Morena para que iniciaron formalmente una solicitud de juicio político por traición a la patria contra la gobernadora, por haber permitido —dicen— la entrada de personal de la CIA sin avisar a la Federación.

La maniobra es burda: emparejar el marcador. Si Washington pide a un gobernador de Morena, el oficialismo responde pidiendo la cabeza de una gobernadora del PAN. La opinión pública se decanta por creer que no es justicia sino una vil distracción.

El problema es que la distracción no borra los nombres. Mientras el gobierno persigue a Maru por un operativo donde murieron dos agentes extranjeros, no explica por qué no ha procedido contra los suyos señalados por una corte extranjera. En los hechos se dice que eran cuatro agentes y dos murieron, pero a los otros dos los dejó ir sin abrir una carpeta de investigación, y ahora usa la soberanía como escudo político, dejando de lado la omisión que le exigía la ley de detenerlos.

El PAN lo entendió tarde, pero lo entendió: si no defendía a Maru ahora, mañana cualquier opositor sería “traidor” por estorbar la narrativa. Por eso salió del letargo. No por ideología, por supervivencia y estrategia.

El juicio a Maru Campos no es contra Chihuahua. Es contra la sociedad misma y la opinión  pública. Y por primera vez en el sexenio, la oposición decidió no permitir, como hasta ahora, que la  narrativa desde la mañanera se imponga.