Sota, Caballo y Rey

Muy apurado el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dando seguimiento a denuncias sobre políticos en funciones que durante meses o años durmieron el sueño de los justos en los cajones de la FGR y de las fiscalías estatales. La ola de detenciones de ese tipo de delincuentes en las últimas dos semanas tiene como prioridad dar una muestra de que si trabajan contra los narco políticos . A la presidenta Claudia Sheinbaum le urge lavarse la cara en esa materia de seguridad.

El despertar de las carpetas de políticos en funciones con el mensaje oficial de “cero impunidad” tiene un texto que subyace y es “no hay tiempo que perder”. La administración arrancó en octubre de 2024 prometiendo continuidad con cambio en seguridad. Año y medio después, hay muy buenos avances pero los homicidios no ceden, la extorsión se normalizó y el mapa criminal se reconfiguró.

Por eso Harfuch aparece en la mañanera, en giras y en los operativos. Por eso se están reactivan órdenes de aprehensión que tenían polvo y olvido. Es operativamente correcto, aunque tardío y reactivo. La credibilidad que hoy buscan con esas detenciones mediáticas debieron construirla desde hace siete años y medio, cuando Morena llegó por primera vez a Palacio Nacional con la bandera de combatir la corrupción y la pacificación del país.

Si la intención es real, el gabinete de seguridad no tendrá descanso en lo que resta del sexenio. El tamaño del problema es brutal: 32 entidades, 50 grupos criminales con capacidad nacional, redes de tráfico de personas, fentanilo, huachicol, tala, minería ilegal y extorsión que funcionan como gobiernos paralelos. Literal.

Las detenciones no bastan. Se necesitan más Ministerios Públicos, jueces capaces que no liberen en fin de semana y policías locales que no estén en la nómina del crimen y recuperar los programas de apoyo a estados y municipios en materia de seguridad.

El elefante en la sala: Rubén Rocha Moya. 

El gobernador con licencia de Sinaloa es el símbolo de la crisis. Su estado está roto, su versión de la detención de “El Mayo” no se sostiene ni el asesinato del diputado electo y se ha convertido en un lastre para la narrativa de la 4T. 

Entregar a Rocha no es opción. Hacerlo sería aceptar que el narco penetró una gubernatura de Morena en tiempo real y bajo el manto de la “transformación”. Sería darle la razón a la oposición y dinamitar el discurso de superioridad moral. Por eso, aunque arda el país y se trastoque la relación bilateral, la defensa a Rocha parece política de Estado. 

Es un techo de cristal para Harfuch. Puedes liquidar capos, detener lugartenientes, reventar laboratorios, presumir decomisos récord. Pero si no tocas la red de protección política, el ciudadano de a pie lo nota. Y sin tocar esa red, la “prisa” de hoy se vuelve simulación.

Acá en Chihuahua el fiscal renuncia para no estorbar y marchas que se usan como ariete político. Cuando la Federación corre a detener hoy lo que no quiso ver ayer, los estados que sí enfrentan el desgaste diario —con policías asesinados, con agricultores extorsionados, con municipios sin ley— registran la doble vara.

La pregunta no es si Harfuch puede. Es si lo van a dejar. Y por cuánto tiempo. Porque un operativo no es una política pública. Y una detención no es justicia si el sistema que la procesa sigue podrido.

La presidenta y su secretario tienen razón en una cosa: México ya no aguanta. Pero llegar siete años tarde a la guerra que prometiste evitar tiene costos. El primero es la credibilidad. El segundo es el tiempo.