El organismo también señaló que el juzgador ya habría sido denunciado ante el Tribunal Federal de Disciplina Judicial y que igualmente se presentó una denuncia por la presunta violación de la suspensión definitiva, al considerar que se insistió en desconocer la calidad de víctima de la Secretaría de Hacienda estatal.

En su posicionamiento, la Fiscalía Anticorrupción elevó el señalamiento al terreno político y denunció lo que calificó como tráfico de influencias y hostigamiento sistemático por parte de algunos funcionarios de la Fiscalía General de la República y del propio juez federal. Según la FACH, estas actuaciones estarían encaminadas a intimidar su labor y favorecer la impunidad de uno de los imputados.

La Fiscalía también hizo referencia a un conflicto competencial resuelto previamente por un Tribunal Colegiado. De acuerdo con su versión, dicha resolución habría incurrido en una confusión entre participaciones y aportaciones federales dentro del sistema de recaudación y fiscalización, aunque precisó que el pronunciamiento se habría limitado a uno de los imputados, identificado con las iniciales J.C.J.

A partir de esta controversia, la FACH cuestionó públicamente el origen y la disposición de los 98.6 millones de pesos que constituyen el centro del caso, así como las decisiones jurídicas adoptadas alrededor de los recursos. La dependencia planteó además interrogantes sobre la razón de modificar, según su postura, la interpretación de las normas y del sistema de fiscalización para favorecer a uno de los imputados.

La Fiscalía Anticorrupción aseguró finalmente que no cederá ante las presuntas presiones que denuncia y que continuará llevando el caso por las vías legales correspondientes hasta las últimas instancias. Su postura, afirmó, es mantener la defensa de los recursos públicos que, sostiene, pertenecen a los chihuahuenses y que fueron desviados y dispuestos de manera indebida.