La salida alterna establece además diversas obligaciones para el imputado. Entre ellas se encuentran no acercarse a personas relacionadas con la investigación, establecer un domicilio fijo, mantener una actividad laboral lícita y acudir mensualmente a firmar ante la autoridad de Servicios Previos al Juicio.

M.J.T. también deberá atender los requerimientos de las autoridades y desistirse de los recursos legales que permanecían pendientes en relación con el caso, incluidos medios de defensa y solicitudes de suspensión previamente promovidos.

El desenlace resulta relevante debido a que el imputado ocupaba un cargo como juzgador al momento de enfrentar el procedimiento. La medida acordada implica que dejará de ejercer dicha función como una de las condiciones para acceder a la salida alterna del proceso.

La Fiscalía Anticorrupción calificó el resultado como un avance en la investigación y sostuvo que la integración de elementos objetivos permitió llevar el caso ante la autoridad judicial y obtener una determinación desde la primera audiencia.

De acuerdo con la FACH, el caso refleja que los procedimientos por posibles hechos de corrupción pueden alcanzar resultados mediante las herramientas que contempla la legislación, bajo los principios de legalidad, debido proceso y respeto a los derechos humanos.