Presidencia de Parral busca que dos agentes municipales carguen con responsabilidad por muerte de detenido trasladado en unidad sin equipar
Sostiene que policías debieron advertir las deficiencias de la patrulla
21 de septiembre de 2026


La Presidencia Municipal de Parral, encabezada por Salvador Calderón, planteó que los agentes de Seguridad Pública que participaron en el traslado de Ubaldo Ricardo M., quien murió tras lanzarse de una patrulla en movimiento, sean quienes enfrenten las responsabilidades que pudieran derivarse del hecho, al considerar que los elementos debieron actuar conforme a su capacitación ante las condiciones de la unidad.
El posicionamiento fue expuesto hoy durante la reunión de la Comisión de Seguridad Pública, donde la asesoría jurídica del Ayuntamiento sostuvo que los agentes, al advertir que la patrulla no contaba con el equipamiento necesario para trasladar al detenido en la parte posterior, debieron aplicar su criterio y optar por llevarlo en la cabina.
La postura generó inconformidad y debate entre los regidores, quienes pusieron sobre la mesa un antecedente que resulta central en la discusión: antes del accidente, el propio Cabildo ya había exigido al director de Seguridad Pública, Martín Chaparro, atender las deficiencias existentes en el equipamiento y balizamiento de las unidades policiales.

Los ediles señalaron que dicha petición no habría sido atendida y que, hasta el momento, el titular de Seguridad Pública ni siquiera habría dado respuesta al requerimiento formulado por el Cabildo. Bajo este contexto, cuestionaron que la responsabilidad se pretenda concentrar en los agentes que utilizaban una unidad cuyas condiciones ya habían sido advertidas previamente.
Ubaldo Ricardo M., de 28 años, murió durante la madrugada de un domingo de julio de 2026, luego de lanzarse de una patrulla de la Policía Municipal de Parral que se encontraba en movimiento mientras era trasladado a la comandancia.
La discusión provocó una marcada polarización entre los integrantes de la Comisión, al confrontarse dos posiciones: por un lado, el argumento jurídico de que los policías debieron modificar el procedimiento de traslado; por otro, el señalamiento de los regidores sobre las condiciones de una unidad policial cuya falta de equipamiento, según expusieron, ya había sido reportada con anterioridad.
Finalmente, los regidores optaron por declararse incompetentes para determinar responsabilidades sobre el caso y acordaron que sean las autoridades correspondientes las que establezcan, conforme a la investigación, quiénes y en qué medida podrían enfrentar consecuencias por la muerte del detenido.


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